El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del ERE presentado por Coca-Cola Iberian Partners . Al igual que la Audiencia Nacional, el pleno de la Sala de lo Social considera que la empresa vulneró el derecho a la huelga de los trabajadores, lo que hace "innecesario" analizar el resto de dudas jurídicas planteadas . Los magistrados del Supremo coinciden en que durante la huelga convocada en contra de los despidos planteados por el cierre de la planta de Fuenlabrada l a compañía sustituyó la producción por la de otras embotelladoras del grupo . Con ello, interfirió en el "adecuado" desarrollo del periodo de consultas del proceso del ERE.

Por otro lado, la sentencia resuelve que en los despidos colectivos declarados nulos la condena a readmisión debe llevar unida la condena al abono de salarios de tramitación (lo que hayan dejado de cobrar desde que salieron de Coca-Cola) de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley de la Jurisdicción Social. Además, la sentencia del Supremo es "directamente ejecutiva", lo que obligará a la compañía a readmitir a los empleados.

La decisión del Supremo contradice el argumento del fiscal de alto tribunal, que defendió que el asunto regresara a la Audiencia Nacional para que volviese a pronunciarse, aunque en este caso solo para considerar si el ERE fue ajustado a derecho.

La empresa estudiará la ejecución de la sentencia

La propia Iberian Partners ha declarado en un comunicado que respeta el fallo del Tribunal Supremo y acatará y cumplirá con la legalidad como ha hecho siempre. Cuando reciba oficialmente la sentencia, la compañía estudiará en detalle la forma de ejecutarla sin alterar su proyecto de futuro, que es ya una realidad. Coca-Cola quiere recordar que todos los empleados afectados que solicitaron la readmisión han seguido dados de alta en la Seguridad Social y están recibiendo sus salarios.

Como se recordará, Iberian Partners presentó en enero de 2014 un ERE para unos 1.250 trabajadores, con despidos efectivos para más de 800 , que supuso el cierre de las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Alicante, Palma de Mallorca y Asturias, que la compañía no prevé reabrir como ya ha manifestado a lo largo del proceso. En este sentido, se genera un panorama incierto para los empleados que en su momento aceptaron traslados, indemnizaciones y prejubilaciones.

Mientras, el sindicato UGT-FITAG manifiesta que "este pronunciamiento viene a dar la razón a nuestros posicionamientos a lo largo de todo el proceso y al trabajo llevado a cabo. A la espera de la sentencia definitiva, exigimos a la empresa que asuma el fallo y proceda a aplicarlo a la mayor brevedad para restituir los derechos arrebatados a los trabajadores afectados."