El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la suscripción de cuatro conciertos sanitarios para la prestación de asistencia hospitalaria en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Estos acuerdos, por dos años y un importe total de 184,26 M€ , sustituirán a los vigentes desde 2011 y entrarán en vigor el próximo mes de noviembre.
Tres de ellos se realizarán mediante licitación competitiva, con un precio máximo fijado. Por su parte, el procedimiento negociado se seguirá empleando en el caso de las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, por la existencia de un único posible prestatario con la homologación necesaria. En líneas generales, se incluyen estancias médicas hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, consultas externas, y atención a urgencias.
En la provincia de Málaga se licitarán tres lotes asistenciales, por 23,9 M€: estancias médicas de enfermos pluripatológicos y paliativos; procedimientos diagnósticos; e intervenciones quirúrgicas con hospitalización, así como intervenciones de cirugías mayor y menor ambulatoria. Estos mismos lotes se licitarán en la provincia de Huelva por 12,1 M.
Mientras, en Cádiz se realizarán dos contratos diferenciados: uno para las mencionadas localidades de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín, y otro para el resto de la provincia. El primero de ellos será el único que se adjudique por procedimiento negociado al grupo hospitalario encabezado por José Manuel Pascual Pascual , por un importe máximo de 132,5 M€, para la prestación de los servicios asistenciales hospitalarios. En el resto de la provincia gaditana se concertarán cinco lotes, con un importe máximo de 15,6 M€, incluyendo intervenciones quirúrgicas con hospitalización, intervenciones de cirugías mayor y menor ambulatoria, procedimientos diagnósticos y estancias médicas a enfermos pluripatológicos y paliativos.
Entre otras medidas, a la hora de adjdicar los contratos, se valorará la adecuación de los servicios concertados a los estándares de calidad del SAS; la ampliación de la cartera de servicios obligatoria; el refuerzo de las medidas ambientales; la realización de planes de igualdad de género; y, como novedad, se incorporarán cláusulas sociales para promover la empleabilidad de profesionales con discapacidad.
