El Gobierno suprime temporalmente las primas a las renovables
La medida no afecta a instalaciones en marcha ni a las ya autorizadas
Alimarket Energía
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para suspender temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución renovable y suprimir, también con carácter temporal, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración. Según una información del Ministerio de Industria "la compleja situación económica y financiera aconseja la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario", cifrado en 24.000 M a finales de 2011.
Las asociaciones sectoriales preguntadas por Alimarket Energía rechazan de pleno esta medida. "El Gobierno da la razón a las eléctricas, que pedían una moratoria a las renovables", afirman desde la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF). A esta declaración se suma UNEF, que reune a todas las asociaciones fotovoltaicas, que considera que la medida agrava la ya complicada situación del sector, afectado por anteriores reducciones en la retribución, la capacidad productiva y la rentabilidad. En Protermosolar, la patronal del sector termosolar, aseguran que lo más importante para ellos es que la medida no tiene carácter retroactivo. Según su secretario general, Luis Crespo, comprenden que, en la situación actual, Industria se "tome un respiro", aunque entiende que se deberá reanudar el sistema de apoyo a las renovables. En las redes sociales también hay múltiples reacciones. Así, Sergio de Otto, director de relaciones externas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), twitea que "el parón de las renovables es un error histórico. Las renovables no son el problema, son parte de la solución. No son un coste, son una inversión". En un comunidado, la AEE señala que la moratoria pone en peligro el futuro de su sector industrial y el de los 30.000 trabajadores empleados en el mismo.
Según el ejecutivo, esta medida no afectará a la seguridad de suministro ni a los compromisos de España con la Unión Europea en materia de producción renovable de cara a 2020, porque existe "margen de maniobra" y la capacidad de generación instalada actual es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda. Por otro lado, el Gobierno asegura que mantiene su apuesta firme por las energías renovables, pero que mantener el actual sistema de retribución no es compatible con la situación actual de crisis económica y de descenso de la demanda. En este sentido, los datos de la Comisión Nacional de la Energía cifran las primas en 6.409 M€ en 2011.
La medida afecta a las instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial, así como a aquellas de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de la norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas. La suspensión afectará a las tecnologías acogidas al régimen especial, es decir, la eólica, solar fotovoltaica, termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, así como a las instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial. Según declaraciones del Ministro de Industria, José Manuel Soria, recogidas por otros medios, hay solicitudes por unos 500 MW y su suspensión supondrá un ahorro de 160 M.
La norma no tiene carácter retroactivo, por lo que quedan al margen las instalaciones operativas, las primas ya autorizadas y las nuevas centrales inscritas en los registros de preasignación. Asimismo, el Ministerio afirma que las instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma, tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de preasignación, en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados. Además, también se reintegrarán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los prerregistros que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación.