El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural Phil Hogan propuso, el pasado 12 de abril, una regulación de la cadena agroalimentaria con el fin de prohibir determinadas prácticas desleales. A este respecto, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) señala que el texto "propone regular tan sólo las prácticas comerciales supuestamente desleales en las operaciones de compra a productores primarios, cooperativas, organizaciones de productores, industrias y resto de operadores de la cadena, siempre y cuando el vendedor sea pyme y el comprador no lo sea. Este hecho convierte la propuesta en una norma poco equilibrada y de consecuencias prácticas poco eficaces además de injustas". En opinión de la asociación, la directiva parte de unas prácticas comerciales unidireccionales, lo que supone que queden "desprotegidos" muchos "pequeños distribuidores, frente a los posibles abusos de los grandes grupos industriales, que han sido sancionados en el pasado con frecuencia por autoridades de la competencia de distintos estados miembros, entre ellos España".
El texto presentado prohíbe la modificación unilateral de un contrato por parte del comprador, pero no por el vendedor, así como la cancelación de pedidos de productos perecederos sin que el vendedor tenga una vía de comercialización alternativa. Sin embargo, no se prohíbe la negativa a suministrar un producto previamente contratado, "produciendo una falta de suministro frente a la que el comprador, en ocasiones, resulta gravemente perjudicado". La futura Directiva prevé también la imposición de sanciones en caso de incumplimientos probados y autoriza a publicar las sanciones a las autoridades de control de los estados miembros. Sin embargo, según Asedas, el texto no tiene en cuenta la exigencia de que dichas sanciones sean firmes, lo que puede generar situaciones injustas y perjudiciales para los operadores afectados en el caso, frecuente, de que dichas sanciones sean anuladas por los tribunales.
Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, apunta que "si se aprueba este texto tal y como lo hemos conocido, la nueva norma permitirá, por ejemplo, que los vendedores puedan aplicar prácticas comerciales abusivas sobre los compradores con total impunidad”. Asimismo, indica que la propuesta "puede provocar situaciones de competencia desleal entre los diferentes operadores de la cadena agroalimentaria europea, restará competitividad a las empresas más perjudicadas por su aplicación y, al mismo tiempo, no será eficaz para resolver los problemas de los productores, objetivo inicial de la misma que parece haberse relegado a un segundo plano”.
Asedas recuerda que la legislación española (Ley 12/13 para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria), es más amplia, ya que afecta a todas las operaciones comerciales que se produzcan en cualquier punto de la cadena y, por lo tanto, es más equilibrada y menos discriminatoria que la propuesta comunitaria. Además, en nuestro país, se han realizado esfuerzos en toda la cadena por la ayudar a los productores a equilibrar precios en origen con costes reales o luchar contra las malas prácticas, tanto mediante la regulación, como la autorregulación, plasmados en el Código de Buenas Prácticas en la contratación alimentaria, aprobado en noviembre de 2015 y cuyos frutos ya se aprecian.
