Tras las reivindicaciones de los últimos días por parte de gran parte del sector primario, el Gobierno ha tomado un papel protagonista y el Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto Ley que contempla medidas urgentes con el objetivo de garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria. Unas medidas concretas que tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores).

La nueva normativa introduce modificaciones que ponen el foco tanto en los costes de producción como en el desarrollo de las actividades promocionales y la venta a pérdida o destrucción de la cadena de valor. Dentro de este último punto, se incluye en la modificación que cada operador pague al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. Además, contempla que se tenga que incorporar en los contratos, como cláusula obligatoria, la indicación expresa de que el precio pactado cubre los costes de producción.

Asimismo, para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores. Todo ello tendrá como consecuencia que las actividades promocionales no induzcan al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.

Por su parte, en el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Igualmente se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales bajo condiciones diferentes a las anteriormente enunciadas. Además, se adelanta a la exigencia de la actual normativa europea en la materia y se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes.

Otras de las medidas que se han aprobado incluyen, en materia de fiscalidad, modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Por último, también se quiere hacer frente a las especiales circunstancias del mercado laboral en el ámbito agrario y se fijan medidas de protección de los trabajadores eventuales en el campo.

En este sentido, se reduce a 20 del número de jornadas cotizadas (peonadas) necesarias para acceder al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria, además de recoger bonificaciones para la conversión de contratos temporales en indefinidos o en fijos discontinuos. Se facilitará así la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización, mensual o por jornadas reales trabajadas. También se ha puesto sobre la palestra la reducción de la brecha de género y se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras.