Casi todos los analistas coinciden en que el sector de la construcción será uno de los más beneficiados con los programas de recuperación lanzados por la Unión Europea. Está coincidencia de opiniones parece contradecir los principios rectores de la política de recuperación, que no son otros que la digitalización y la transición ecológica. Sin embargo, la contradicción no existe: los presupuestos de inversión en obra pública en Europa han estado constreñidos por las políticas de déficit público y por la imparable prioridad del gasto social. Una relajación en los principios de déficit y fondos europeos adicionales que favorezcan el crecimiento y el empleo, pueden significar el inicio de un nuevo proceso de inversión. Es verdad, que no se espera que ese proceso inversor sea muy intenso en términos absolutos, pero sin lugar a duda, será relevante en términos relativos. España sería uno de los países europeos que vería aumentar sus inversiones en mayor proporción (del entorno del 30%), siempre teniendo en cuenta el bajísimo nivel de inversión actual.

Si la obra pública actuará como un revulsivo, la inversión en vivienda nueva parece que se recuperará con vigor. Recuperación que estará muy unida a la mejora general de las expectativas económicas y de empleo; y a la consecuente formación de nuevas unidades familiares. Nuestro país presenta una de las mayores demandas “embalsadas” de creación de hogares y la mejora económica puede facilitar una recuperación acelerada de la construcción de viviendas. Viviendas que, por cierto, no reproducirán miméticamente el modelo constructivo anterior, sino que apostarán por esquemas unifamiliares o edificios de escasa densidad, como muestra de la aspiración de disponer de un entorno natural seguro frente a posibles nuevas crisis sanitarias. Estos fenómenos ya son claramente visibles en Estados Unidos y Alemania y dentro de poco se confirmarán también en nuestro país.

Por último, la construcción privada está indisolublemente unida a la actividad económica. Una mejora general de la economía como la que se espera con el programa de estímulos dará lugar a un proceso inversor privado de apreciables dimensiones. En la actualidad, la mayor parte de los indicadores de actividad económica ya se están acercando a los niveles precrisis. En el caso del consumo de cemento, los últimos datos indican un diferencial negativo de un 4,2% en el acumulado de enero a mayo con respecto al año 2019 que esperamos se vaya reduciendo a lo largo de la segunda mitad del año.

Vistas, así las cosas, sí pueden tener razón los analistas que hablan de un fuerte rebote de la actividad de la construcción en toda Europa. Dicho rebote sería aún más poderoso en el sector construcción de nuestro país que partía de una situación más deprimida que la de sus colegas europeos y sin embargo va a recibir una mayor proporción de fondos.

Pero todos estos escenarios son aún muy cambiantes: la pandemia se puede enquistar con las nuevas cepas; si los planes se retrasan los recursos públicos puede que se dediquen a compensar los daños y no a crear nuevas oportunidades de crecimiento; en los mercados internacionales se podría crear una nueva crisis de deuda dando lugar a restricciones en la financiación de la economía.
Pero, aunque los riesgos estén ahí y sean apreciables, el país y el sector de la construcción tienen una oportunidad por la que deben apostar. Si finalmente ese salto inversor se produce, será el mejor de los entornos para generar una transformación digital y ecológica del mundo de la construcción tal como pretende la Unión Europea.

Aniceto Zaragoza Ramírez, director general de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)