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Competencia multa con 127 M€ a las principales empresas de seguridad, señalización y comunicaciones de la red ferroviaria en España

Competencia multa con 127 M€ a las principales empresas de seguridad, señalización y comunicaciones de la red ferroviaria en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 127,30 M€ a las compañías Cobra (30 M€), Nokia (24 M€), Alstom (22 M€), Siemens Rail (18,90 M€), Thales (17,03 M€), Siemens (10 M€), Bombardier (3,69 M€) y Cafs (1,73 M€), así como a 10 de sus directivos (483.000 €) por su participación en un cártel. No obstante, a Siemens Rail, Siemens y uno de sus directivos sancionados se les ha reducido el importe de la multa un 50% teniendo en cuenta la información aportada.

Estas empresas crearon un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017 para la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional, por un importe total de 4.142 M€.

Según la CNMC, este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y la protección en la red de alta velocidad y de las líneas convencionales (media distancia y cercanías) de la red ferroviaria española. Las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas.

Varios cárteles desmantelados en 2019

En el año 2019, la CNMC sancionó con 118 M€ a 15 empresas por formar varios cárteles que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos. La información recabada durante la instrucción de ese expediente, especialmente durante las inspecciones domiciliarias a algunas empresas, alertó a la CNMC sobre la posible existencia de prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones (construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento, etc) de la red de alta velocidad y convencional.

El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir de 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas. Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos. De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50% y se garantizaron también los contratos de mantenimiento. A partir de 2003, se sumaron al cártel Siemens (2003), NSN -actual Nokia- (2007) y Cobra (2008).

Cambios a partir de 2011

La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluación del componente económico de las licitaciones favoreció la presentación de ofertas con precios más competitivos. Sin embargo, en lugar de mantener la tensión competitiva iniciada en 2011, en la práctica, las empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cártel. En el caso de Alstom y Bombardier, a partir de 2014, y en el de CAFS, a partir de 2015.

Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cártel decidían qué UTE -participada por las empresas del cártel- optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, ofertas de acompañamiento. Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas revelan el uso de la UTE como instrumento habitual del cártel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al órgano licitante.



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