El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) sigue avanzando en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano, que se inserta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y las experiencias internacionales y europeas. El objetivo es la elaboración de una disposición normativa con rango de Ley que dé respuesta a los retos en materia económica, social y medioambiental que enfrentan el transporte y la movilidad, entendidos como política transversal.
Dentro del proceso de su elaboración, el Mitma ha convocado un periodo de consultas públicas, que durará hasta el 30 de octubre, para recoger las ideas de ciudadanos, empresas y expertos para avanzar en esta ambiciosa ley cuyo "espíritu es considerar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico”.
Aunque la nueva normativa afectará a todos los ámbitos de la movilidad urbana, tanto de viajeros como de mercancías, centrará varios capítulos a la regulación de la logística y la distribución urbana de mercancías (DUM), así como la mejora de la competitividad del transporte en general, a través de futuras modificaciones de las normas sectoriales y comunitarias existentes, que regulan cada modo de transporte.
Entre los puntos que afectan a la DUM que la nueva ley quiere abordar destaca la "creación de sistemas de eco-incentivos que promuevan la reducción de costes externos del transporte, fomentando el trasvase de las mercancías hacia modos más sostenibles y, desde el respeto a las competencias de otras administraciones en la materia, contribuir al establecimiento de una visión conjunta necesaria en la distribución urbana de mercancía, estableciendo criterios que impulsen un sistema común y homogéneo, eliminen barreras administrativas y se alcance la interoperabilidad en el ámbito de loa distribución urbana".
Igualmente, la Ley de Movilidad pone el foco en la investigación e innovación en el transporte. Para ello, la normativa facilitará la I+D+i en la movilidad, con el objetivo de lograr un triple equilibrio entre el impulso a la innovación, la seguridad jurídica, seguridad física y operacional, y la protección de los derechos de los usuarios, ciudadanos y trabajadores. En la misma línea, regulará la digitalización, la automatización del transporte y los datos abiertos, con el objetivo de favorecer su desarrollo. En palabras del Ministerio "se trata de sentar las bases para que el marco regulatorio actúe como incentivador a la investigación e innovación en transporte y movilidad, evitando introducir frenos y cargas a la innovación, al tiempo que se continúa velando por la protección de los derechos de los usuarios en los nuevos desarrollos.".
