La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CCOO, CGT y la Confederación Intersindical Galega (CIG) han formulado preaviso de huelga para reivindicar una solución al conflicto planteado tras el Decreto Ley propuesto por el Gobierno sobre la reforma de la estiba , en el que no se tiene en cuenta el acuerdo suscrito entre la patronal y los trabajadores. Los paros, a desarrollar en horas impares a partir del próximo 20 de febrero, afectarán "a la totalidad de las empresas estibadoras que realicen servicios portuarios de manipulación de mercancías y servicios comerciales vinculados a los anteriores, realizados por estibadores portuarias, y a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) o entidades constituidas con igual función en las Comunidades Autónomas", señalan en un comunicado.
Las peticiones del sector pasan, por un lado, porque se restablezca el diálogo en la negociación de la modificación legal del régimen jurídico de prestación del servicio de manipulación de mercancías y la relación jurídico laboral de los estibadores portuarios, sin que ello suponga disminución del ámbito funcional del servicio o pérdida de puestos de trabajo en actividades comerciales complementarias. Además, reclaman que se incorpore a la modificación legislativa los compromisos asumidos por el país en el 'Convenio nº 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)', mediante la creación de un registro portuario para cuyo acceso se requiera exclusivamente una cualificación profesional específica de la estiba y la superación de las prueba de acceso qu se determinen por acuerdo entre las partes.
La estiba también solicita que "las entidades intervinientes en los CPE que gestionen la mano de obra portuaria, sean empresas estibadoras con licencia de la Autoridad Portuaria competente en el ámbito territorial de su actuación, así como que "Anesco acuerde ratificar el contenido del documento de 24 de enero de 2017, sobre la reforma de la estiba portuaria y, en su caso, se comprometa a trasladar su contenido al ámbito convencional del acuerdo sectorial estatal.
Antecedentes
De acuerdo a la información facilitada por estas organizaciones, y tras diversas reuniones con el Ministerio de Fomento, el nuevo marco legal establecido por este último supondrá que "los contratos indefinidos de la totalidad de estibadores portuarios se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras, además de que las empresas estibadoras dispondrán de un periodo de tres años durante el que estarán obligadas a seguir contratado al 75, 50 y 25%, respectivamente durante el primer, segundo y tercer año, de los estibadores portuarios de las SAGEP". Ello significa que las empresas podrán sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75% durante los tres próximos años a los actuales trabajadores portuarios. A la finalización del indicado periodo, los trabajadores no contratados “ex novo” serán despedidos colectivamente cuyas indemnizaciones, hasta 2104, se realizarán con cargo a los recursos públicos de lasrespectivas Autoridades Portuarias.
"La gravedad de la “alternativa” del Ministerio, que supone un “despido generalizado” y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria, en modo alguno se deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), sino una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparado de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral que, en realidad, solo tiene el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios y, en modo alguno, beneficiar a los consumidores españoles", señalan.
Y es que a primeros del mes pasado, el nuevo titular del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, comunicó a esta representación sindical que, como consecuencia del tiempo transcurrido desde que el organismo europeo (2014), a fin de evitar la imposición de sanciones a España y agotadas todas las posibilidades de negociación con Bruselas, había decidido acatar las instrucciones de la “Comisión Europea” respecto al marco normativo de la estiba español y procedería a la tramitación urgente de un Real Decreto-Ley .
