Con 1.300 M t de alimentos para consumo humano que se pierden o se desperdician al año en todo el mundo según la FAO, la preocupación en concreto por el desperdicio alimentario está cobrando un espacio en la actualidad del debate político en el sector. A nivel europeo, el pasado 11 de abril se aprobaba por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el informe que pedía a los Estados Miembros la adopción de medidas para reducir el desperdicio alimentario . Este informe -que solicita por ejemplo reformar el IVA de tal modo que se autorice expresamente su excepción para las donaciones de alimentos- se suma a la batería de medidas puesta en marcha por la Comisión Europea en los últimos años para concienciar, informar y reducir en última instancia este problema. También en España se ha creado en el Senado una ponencia de estudio sobre desperdicio alimentario y, tras la designación de sus miembros, solo está pendiente que se pongan en marcha los trabajos.
En paralelo al trabajo institucional y político, la participación de las empresas del sector en estas iniciativas es obligada. Al margen de la vertiente reputacional, hay un motivo más profundo: las organizaciones empresariales del sector han de trabajar en el plano de la legitimidad social. Nadie duda de la capacidad de interlocución del sector con las autoridades públicas, sea directa o a través de sus organizaciones representativas. Su importancia económica manifestada en su contribución al PIB, su creciente internacionalización digna de elogio, su capilaridad consustancial a las características del sector primario, o la transversalidad propia de la cadena alimentaria, son causas más que suficientes para justificar dicha capacidad de interlocución.
Pero estamos en un momento de cambio de paradigma, con una sociedad en general y un consumidor en particular cada vez más empoderados: alimentos “prohibidos”, vida saludable, cualidades nutritivas, sostenibilidad ambiental o indignación ante el desperdicio alimentario son realidades que han surgido de manera distinta a la tradicional. Cada vez menos las políticas públicas son fruto de decisiones que vienen de “arriba”. Es una realidad que muchas decisiones vienen derivadas de exigencias de la sociedad y de un enfoque colaborativo entre diferentes stakeholders. Esta nueva realidad es un tsunami que ya está aquí.
Nuevo modus operandi
Según el Eurobarómetro de 2015, un 70% de los españoles considera que la industria agroalimentaria tiene un papel en la lucha contra el desperdicio alimentario. Es por ello que las organizaciones del sector han de participar en el debate sobre esta materia y hacerlo construyendo legitimidad de abajo a arriba. Esto supone analizar las organizaciones sociales que ya estén desarrollando iniciativas y buscar estructuras participativas.
Por ejemplo, siguiendo este esquema, existen aplicaciones que ponen en contacto a vecinos y negocios locales para compartir comida y evitar que esta se tire (Olio), o consumidores y restaurantes que ponen a la venta porciones de comida sobrante a precios reducidos (ResQ Club). Y si uno observa el programa del Save Food Congress -que se celebrará en mayo en Düsseldorf- verá la presencia de autoridades públicas; pero también de investigadores, universidades y movimientos sociales que tienen en el desperdicio alimentario su foco de actuación. Identificar a todos estos actores e iniciar un diálogo que permita a la empresa u organización participar del debate y elaborar estrategias que culminen en políticas públicas debería ser el nuevo modus operandi estratégico.
Pero más allá de la necesaria legitimidad social para fortalecer la posición de los actores de la cadena alimentaria en la confección de políticas públicas, luchar contra el desperdicio alimentario es una cuestión de eficiencia, y de contribuir a los resultados de negocio. El hecho de que el paquete de economía circular actualmente en desarrollo en la Unión Europea incluya un apartado de desperdicio alimentario demuestra que es un tema muy ligado a la competitividad global y al crecimiento sostenible.
Muchas veces las relaciones institucionales o la comunicación se construyen de manera reactiva, haciendo frente a una crisis de imagen -propia o del sector- que incide en el negocio, y son vistas como un departamento de gasto. Sin embargo, la construcción de una estrategia proactiva en el desperdicio alimentario tiene réditos tangibles en el negocio: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene impacto a la hora de afrontar la amenazante “fiscalidad verde”; incremento del ahorro en los hogares, lo que favorece el consumo; reducción de residuos o de sobre-compras, lo que implica un ahorro de costes en la gestión posterior y consiguientemente una mayor eficiencia; beneficio para la sociedad, lo que puede llevar a las organizaciones a incrementar su posición de liderazgo en otros debates.
