La actual crisis provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar a las personas en situación de dependencia, así como la profesionalización de dicha actividad en la sociedad actual. También ha puesto de manifiestola precariedad en la que se ha estado desempeñando dicha actividad laboral en muchas ocasiones. Se trata, además, de un sector altamente feminizado y a cuya actividad, históricamente, no se le ha reconocido el valor suficiente, como le ha sucedido a la mayor parte de trabajos feminizados. Este es uno de los principales análisis que se recogen en el plan de choque presentado por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales AESTE y Asade.
Estas organizaciones firmantes proponen un el mencionado plan que nace con un doble objetivo. De un lado, de modo inmediato, daría herramientas a los poderes públicos para garantizar una respuesta eficaz frente a un posible rebrote de la pandemia de Covid, en colaboración con los agentes sociales. Del mismo modo, en el medio plazo abriría la puerta a abordar de manera efectiva el modelo de coordinación sociosanitaria previsto en la Ley de Dependencia, y que llegaría ya con más de una década de retraso.
Las líneas generales propuestas en este plan pasan por iniciativas como recuperar la calidad de la atención como eje articulador y objetivo prioritario del Sistema de Dependencia; liderar y hacer un seguimiento desde el gobierno central del proceso; evaluar el proceso de implantación del SAAD con la participación del conjunto de administraciones y actores implicados; revertir los recortes impuestos durante la crisis anterior mejorando la financiación del SAAD y revisar tanto el catálogo de prestaciones como los requisitos para la acreditación; agilizar la modificación de los grados de dependencia que contribuirá a garantizar la calidad de la atención en los términos planteados por la Ley; y revisar los instrumentos quegarantizan el control público de la calidad en los servicios, y articular los mecanismos efectivos de intervención.
Asimismo, las entidades firmantes abogan por otras prioridades, como establecer un modelo de coordinación sociosanitaria bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud; reorganización los centros de atención de personas dependientes, en función de los grados de dependencia de los usuarios y del volumen de usuarios de los diferentes grados; crear un sistema público centralizado de información que permita disponer en tiempo real de la situación en todos y cada uno de los centros residenciales; potenciar los servicios de promoción de la autonomía personal para posibilitar que la persona mayor pueda vivir con las garantías suficientes en su hogar el mayor tiempo posible; atribuir a la jurisdicción social los litigios en materia de Dependencia; y reestablecer el diálogo social, fundamental para abordar y consensuar las soluciones y decisiones, que deben ser tomadas en el menor tiempo posible.
