En los últimos días, se han presentado dos informes capitaneados por La Fundación Economía y Salud y por la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), en los que, entre otras conclusiones, se coincide en la necesidad de construir nuevas plazas geriátricas de manera inminente. En el caso del informe presentado por la Fundación Economía y Salud se deja patente que se podría poner en marcha una inversión privada de 4.000 M€, creando 80.000 nuevas plazas residenciales y dando trabajo a más de 52.000 personas, reduciendo al mismo tiempo el déficit de la administración española durante los próximos 10 años.
A pesar de que el 'Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia' del Gobierno, presentado recientemente, no habla de plazas residenciales, este estudio demuestra que además de las plazas que crearía, reduciendo la lista de espera que hoy en día se sitúa en 269.000 personas, se obtendrían 52.800 puestos de trabajo directos y una reducción del déficit público durante los diez primeros años; siempre que se apoyara el proyecto de creación de plazas mediante un concierto creado por la Administración y financiado con algo más de 2.300 M€ por fondos europeos. En el supuesto de que la financiación fuera sin transferencias europeas, el déficit seguiría produciéndose al menos durante 6 años.
Por su parte, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha elaborado un Documento de Propuestas sobre la incidencia de la crisis provocada por el Covid-19 en el sector de las residencias, donde se analizan los problemas coyunturales y estructurales y se aportan soluciones a todos esos problemas. Se ha detectado que buena parte de los problemas preexistentes se han visto agravados por esta emergencia sanitaria, como la financiación o la asistencia sanitaria a los usuarios de las residencias.
Según la FED, de acuerdo con las estimaciones del INE, de continuar esta tendencia, en 2050 pasaremos de 9 a 16 millones de personas mayores de 64 años en España, aproximadamente un tercio de la población, lo que nos situaría como el cuarto país más envejecido de la Unión Europea. Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, “este reto demográfico constituye un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad social y económica a largo plazo. Y es aquí donde las residencias juegan un papel muy relevante, garantizando un servicio socio-asistencial en la atención a los mayores, ya que más del 80% de los residentes necesitan ayuda en tareas tan cotidianas como vestirse, tomar la medicación, asearse o alimentarse”.
La Organización Mundial de la Salud recomienda contar con 5 plazas por cada 100 personas mayores de 64 años para cubrir la demanda de residencias para la tercera edad, una tasa que en España se sitúa en el 4,4, por lo que se presenta un déficit de alrededor de 66.000 plazas. Si ya existe en España un déficit de, aproximadamente, 550 residencias para la tercera edad (de 120 plazas de media), el paulatino envejecimiento de la población y el aumento del índice de dependencia agravará esta situación de tal forma que se necesitarán alrededor de 785.000 plazas residenciales en 2050, el doble de las existentes en 2018.
“Duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 M€ y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales, lo que consideramos un reto factible y razonable pero que requiere de las condiciones necesarias para favorecer la inversión y de ese espíritu de colaboración con la Administración que, históricamente, ha funcionado en nuestro país”, señala Fernández-Cid.
Propuestas de mejora desde el sector ante la emergencia sanitaria
Desde el sector de las residencias de la tercera edad reclaman una serie de actuaciones coordinadas para paliar los efectos de esta crisis y de las que se puedan suceder en el futuro, entre las que se incluye el establecimiento de unos protocolos de actuación, claros y homogéneos, consensuados entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes del sector con el objetivo de proteger a un segmento de la población especialmente vulnerable como lo son los usuarios de las residencias. Además, el sector demanda la creación de un estocaje mínimo de EPI para casos de emergencias sanitarias.
Junto con la falta de coordinación entre las áreas social y sanitaria de la Administración, se ha obligado a las residencias, que no forman parte del sistema sanitario, sino que dependen de Asuntos Sociales, a hacerse cargo de una serie de funciones que sí son sanitarias sin tener los recursos y medios para ello, provocando un déficit de financiación de estas funciones, que no son sociales sino sanitarias. Como complemento a la anterior propuesta, dado que la asistencia sanitaria, pública y gratuita es un derecho de todos los ciudadanos, independientemente de que residan o no en una residencia, debería establecerse personal sanitario del sector público integrado en las residencias para mayores, cubierto por personal de la Administración a través de Unidades de apoyo desde Atención Primaria.
Igualmente, el sector público debería promover el desarrollo de los servicios de cuidados intermedios (CSI), centrados en aquellos pacientes dependientes que se estén recuperando de una intervención o que requieran de cuidados paliativos, por ejemplo. Hoy por hoy, ni las residencias están adaptadas para estos servicios sanitarios, ni los hospitales están preparados para los cuidados especiales de estos pacientes. Esta medida permitiría la descongestión de hospitales, reduciendo el coste sanitario.
