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Las patronales de Bizkaia responden a la propuesta de incrementar el control sobre las residencias del territorio

Las patronales de Bizkaia responden a la propuesta de incrementar el control sobre las residencias del territorio

Las asociaciones empresariales ELBE, GESCA y LARES, que representan a las entidades gestoras de residencias de mayores en Bizkaia, han emitido un comunicado conjunto para dar respuesta a la propuesta de creación de un incremento del control de las residencias del territorio y ante lo que califican como "la última campaña de desprestigio emprendida por agente políticos-sindicales". En su defensa, las entidades argumentan que el sector de atención residencial a personas dependientes es una actividad extremadamente regulada, inspeccionada y controlado, con el objeto de salvaguardar los derechos y la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en las residencias y, por tanto, "cuestionar el trabajo de control es cuestionar a las instituciones y a un sistema que entre todos hemos construido y que, en sus 40 años de historia, ha permitido contar con una red de servicios sociales, mejorable como todas, pero de una contrastada calidad".

Asimismo, las tres patronales consideran que la práctica totalidad de los centros cuentan con sistemas de gestión de calidad auditados por terceros; que la actual red foral de residencias para dependientes no existiría de no ser por la iniciativa privada, titular de más del 75% de las plazas; la financiación de la atención a la dependencia corre mayoritariamente a cargo de las personas dependientes y/o sus familias; la ratio actual mínima de personal es superior al 50% (una de las más altas del estado), por lo que, por cada dos personas atendidas en residencias de Bizkaia, hay una persona contratada a jornada completa.

Igualmente, las condiciones laborales del sector en Bizkaia son, junto con las guipuzcoanas, un referente a nivel nacional; y no se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño, modelo de gestión, condiciones arquitectónicas ni titularidad. En definitiva, las entidades firmantes aseguran que es "preocupante el señalamiento y la criminalización constante que desde organizaciones político-sindicales se está haciendo de la iniciativa privada".



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