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La negativa de varias autonomías paraliza la aprobación del nuevo acuerdo de acreditación de residencias

La negativa de varias autonomías paraliza la aprobación del nuevo acuerdo de acreditación de residencias

El Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, celebrado el miércoles 25 de mayo y en el que tenía previsto aprobarse el nuevo 'Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), se saldo finalmente con la paralización temporal del proyecto. Así, fueron varias las Comunidades Autónomas que votaron en contra de dicho proyecto que, como se recordará, contempla una serie de medidas, en las que se incluyen algunas iniciativas polémicas, como la limitación a 75, 90 o 120 plazas de las instalaciones, dependiendo de la ubicación del centro, y un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción/promoción hasta el 31 de diciembre de 2029.

De momento, parece que los planes del Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra, pasan por seguir negociando y posponer la votación para alcanzar un acuerdo sobre estos nuevos criterios de acreditación y calidad.

Las patronales del sector de la dependencia habían dado a conocer ya en numerosas ocasiones su desacuerdo con el borrador, por no venir acompañado de una memoria económica que "justificara y diese sentido a un cambio radical en el sistema de cuidados, tal y como se pretende". Recientemente, las patronales AESTE, ASADE, CEAPs y FED remitían un comunicado conjunto en el que aseguraban que "las organizaciones están apostando por mejorar la calidad en el servicio y las condiciones laborales de sus profesionales, compatibilizando esta apuesta con la sostenibilidad del sistema de Dependencia. La nueva normativa obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios existentes, y a reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España"

Estas organizaciones aseguran que "este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una restructuración de la financiación. Esto supondría una merma significativa de oferta de plazas que ya está en un punto crítico, sin poder atender la lista de espera, y, consecuentemente, de empleos en las residencias". Así, "consideramos que el principal perjudicado del modelo propuesto serían los propios usuarios y sus familias que se encontrarían sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales".



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