Las negociaciones para sacar adelante el convenio de acreedores impulsado por el consorcio Damm/Luxempart han vuelto a dar un giro inesperado en los últimos días. Si la semana pasada la banca parecía dar un carpetazo definitivo a las negociaciones haciendo llegar a la administración concursal y al juez que instruye el concurso del grupo gallego un documento en el que se comprometía a hacerse con la multinacional en la fase de liquidación y aseguraba la continuidad operativa del grupo con una nueva inyección de capital de 115 M€, ahora se muestra nuevamente "dispuesta a escuchar al consorcio", según adelantaba Expansión y han confirmado a Alimarket fuentes financieras cercanas a la negociación. Este nuevo giro, explican, se debe a que Damm y Luxempart "se ha mostrado dispuesto a retomar la propuesta inicial acordada", es decir, a implementar sustanciales mejoras en los tramos senior y júnior de la deuda, lo que permitiría a la banca acreedora recuperar deuda por valor de 1.000 M€, con quitas que se situarían entre el 60 y el 70%, frente a las actuales quitas de entre el 80 y el 90% que figuran en el convenio.
Las próximas jornadas serán por tanto decisivas para conocer si la banca y el consorcio van de la mano en la aprobación del convenio o si, por el contrario, se confirma la ruptura a la que las negociaciones parecían abocadas hasta la fecha. A una semana de finalizar el plazo dado por el Juzgado para recibir las adhesiones al plan de la familia Carceller, el próximo 15 de abril, todo indica que las negociaciones podrían haber dado un vuelco definitivo. Atrás quedarían los duros cruces de acusaciones en los medios de comunicación que han protagonizado los dos bloque en disputa, en los que que hace apenas 15 días el consorcio tachaba de "irresponsable" e "insostenible" la propuesta alternativa de la banca, y afirmaba que "no va a proponer un Convenio que sobrepase de forma irresponsable el techo de deuda que la propia empresa pueda asumir". Por su parte, la banca todavía afirmaba hace unos días que el consorcio les había engañado y que se hacía impensable un acuerdo ante la pérdida de confianza.
Por otro lado, la administración concursal de Pescanova ha solicitado una moratoria para el repago de un crédito de 18 M€ que vence el 28 de abril. Este pago corresponde a la devolución pendiente del préstamo sindicado concedido a Pescanova en junio de 2013 por la Xunta y seis de los bancos acreedores (Sabadell, Popular, NCG, Caixabnk, Bankia, Santander y BBVA) por valor de 56 M€. Deloitte afirmaba, según Europa Press, que de no materializarse esta moratoria, Pescanova tendría que afrontar este repago a través de la tesorería disponible a 28 de abril, lo que podría mermar su capacidad de seguir financiando la operativa del grupo durante los próximos meses. En paralelo, Deloitte respaldaba en un informe remitido al Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra la propuesta de convenio del consorcio, que considera "construido sobre unas hipótesis que pueden ser consideradas, a la luz del análisis realizado, como razonables, sólidas y consistentes con la estructura de negocio que el grupo Pescanova ya tiene en marcha en la actualidad".