Valdebebas se une para defender su proyecto

Las gestoras, promotoras y cooperativas del nuevo barrio madrileño de Valdebebas, han constituido una Asociación para gestionar y defender el desarrollo del proyecto. La finalidad de esta asociación es defender los derechos de los compradores o adjudicatarios de viviendas en el ámbito de Valdebebas. Valdebebas -con una inversión de 1.000 M€ y la creación de 10.000 puestos de trabajo- es el proyecto más importante del sector inmobiliario en España. Cuenta con 12.500 viviendas -de las cuales casi la mitad son de protección oficial- y zona verdes equivalentes a cinco veces el parque de El Retiro.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo emitió el pasado mes de septiembre una sentencia que invalidó todas las actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid en 20 futuros barrios de la capital por considerar que el Plan General de Ordenación Urbana no estaba correctamente tramitado . De todos los ámbitos de actuación, Valdebebas es el que está en una fase de ejecución más avanzada ya que es el único en el que existen casi 4.000 viviendas en construcción . Entre marzo y julio de este año estarán terminadas 1.200 viviendas. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que los errores administrativos que han propiciado esta sentencia van a ser subsanados en un esfuerzo sin precedentes y que a principio de agosto se contará con un PGOU con todas las garantías jurídicas precisas.

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

La Asociación demanda una solución urgente que evite los daños, retrasos e incertidumbres que se están sufriendo en Valdebebas y que aporte una garantía jurídica definitiva. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Delegada de Urbanismo, Paz González, se ha mostrado receptivo a esta petición y ha propuesto a la Comunidad una regulación legislativa específica para tramitar las licencias y actos administrativos en Valdebebas y evitar así los daños a miles de familias. La aprobación de esta ley urgente se basaría en el excepcional interés público que tiene solventar el problema social y económico planteado en estos ámbitos. Esta fórmula se ha utilizado ya, y el tribunal constitucional lo ha dado por bueno, cuando efectivamente concurren el interés público y la alarma social.