El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 30 de octubre la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana , que entró en vigor un día después, el 31 de octubre, y que incluye los contenidos de la Ley de Suelo de 2008 y los referidos al ámbito de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas procedentes de la Ley 8/2013. La Ley, según el Ministerio de Fomento, "constituye un paso más en el cambio de modelo en la política de vivienda con la finalidad de equilibrar la nueva construcción con la rehabilitación, impulsar la eficiencia energética en el parque edificado español, así como eliminar trabas y flexibilizar el sistema".
El texto refundido permitirá impulsar un subsector de la economía española que tiene un alto potencial y, sin embargo, una escasa entidad si se compara con la media de los países europeos. La nueva norma estatal "sistematiza en un único texto legal la legislación del Estado que afecta directamente a las autonomías y al quehacer cotidiano de los ayuntamientos" y "no sólo simplifica la normativa en materia de urbanismo, sino que también aporta claridad y certidumbre a los operadores jurídicos", según explica Fomento.
La nueva ley se enmarca dentro de la Estrategia Española de Rehabilitación, que recientemente ha sido valorada por la Comisión Europea como mejor de la Unión Europea, junto con los incentivos económicos del Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler y la rehabilitación (2.311 M€) y los fondos FEDER 2014-2020 de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (1.500 M€).