España necesitaría una inversión en infraestructuras de transporte público, de accesibilidad urbana y de movilidad interurbana superior a los 64.000 M€, según el informe de la consultora A.T. Kearney 'Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España' -informe completo en la parte inferior-. Según su análisis, la actual falta de un modelo homogéneo de financiación de infraestructuras viarias en España dificulta la movilidad, clave en el bienestar de los ciudadanos, ya que fomenta la congestión y pérdida de tiempo en atascos, los problemas de salud relacionados con la contaminación en ciudades y la siniestralidad en la carretera. Además, incrementa la desigualdad social entre regiones, con Europa y entre modos de transporte.
Para la consultora, los ciudadanos son los grandes perjudicados por el deterioro de la movilidad. En este sentido, el trabajo detalla que las muertes en carretera han vuelto a repuntar hasta alcanzar casi los 1.300 fallecidos en 2017 y que los costes de la siniestralidad vial en España representan cada año más de 10.000 M€, un 1% de nuestro PIB, según datos de la Dirección General de Tráfico. Igualmente, varias regiones españolas superan los límites de contaminación anual medios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, según cifras de la Comisión Europea, el coste total de tiempo de atascos en España asciende a 5.500 M€ cada año.
Revertir esta situación requeriría, según el estudio, destinar más recursos a nuestras infraestructuras viarias, cuya inversión actual es un 34% inferior a la registrada en 1986. Pero el déficit presupuestario y deuda pública, junto con un gasto social creciente, dificultan la adecuada atención de nuestras infraestructuras de transporte exclusivamente con fondos públicos. Para solventar esta situación, explica el estudio, las economías europeas han desarrollado modelos de financiación y mantenimiento centrados en ingresos procedentes de sus usuarios y en inversión privada. En este sentido, más de veinte países europeos tienen tarificada el 100% de sus redes viarias de gran capacidad que supera los 62.000 kilómetros, mientras que España tiene, actualmente, tan solo el 18%.
En este sentido, la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos de Madrid y Barcelona reduciría la congestión entre un 30% y 50% en horas punta, evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor, y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%. Igualmente, implantar un modelo de tarificación en nuestra red viaria de gran capacidad proporcionaría una contribución económica al Estado estimada entre 60.000 y 110.000 M€ en un plazo de 25 años lo que permitiría afrontar las necesidades de inversión y mantenimiento en la red de infraestructuras viarias.