La Mancomunidad de San Marcos y European Recycling Platform España (ERP España) firman un acuerdo de colaboración para garantizar la recogida selectiva de residuos de pilas y acumuladores y su correcta gestión ambiental en los puntos de recogida municipales. El convenio, suscrito por el presidente de la Mancomunidad de San Marcos, Eñaut Gracia Ibarra, y la directora general de ERP España, Laura Alonso Abajo, articula la cooperación entre ambas entidades para asegurar la retirada, transporte, trazabilidad y tratamiento adecuado de estos residuos conforme a la normativa vigente.
El acuerdo se aplicará en los diez municipios que integran la Mancomunidad de San Marcos, ubicada en el País Vasco: Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil. En todos ellos existe actualmente una red de recogida de pilas y baterías a disposición de la ciudadanía para el depósito de residuos de pilas y acumuladores portátiles.
A través de este convenio, ERP España, como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de residuos de pilas y acumuladores, se compromete a garantizar la retirada de estos residuos y a organizar su recogida, transporte y tratamiento mediante gestores autorizados. El convenio incluye las pilas y acumuladores portátiles procedentes de hogares particulares o asimilables, incluidas pilas botón, pilas estándar y acumuladores portátiles.
El acuerdo incluye diferentes tipos de puntos de entrega municipales: garbigunes—puntos limpios o centros de recogida selectiva de residuos en el País Vasco—, puntos de recogida de calle y puntos de recogida de interior. Entre los compromisos de ERP España figura, entre otros aspectos, la dotación de contenedores específicos, la financiación de la recogida y el tratamiento, la verificación de los permisos legales de las empresas colaboradoras y la garantía de trazabilidad del residuo desde la recogida hasta las instalaciones de reciclado. Tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años adicionales. Además, prevé una comisión de seguimiento para identificar mejoras, analizar incidencias y acordar medidas correctoras.