Asociaciones alemanas solicitan que se retrase la entrada en vigor de PPWR

Diecisiete asociaciones alemanas que representan los intereses de los sectores de la gestión de residuos, el embalaje y los bienes de consumo, han solicitado a las autoridades germanas en una carta el aplazamiento del nuevo Reglamento de Envases de la UE (PPWR). Como se recordará, la entrada en vigor del reglamento está prevista para el 12 de agosto de 2026 (momento en el que todas las empresas y Estados deberán de estar plenamente adaptados) pero los firmantes abogan por posponer esta fecha al 1 de enero de 2027 para evitar graves riesgos legales y estructurales para los sistemas y empresas afectados.

Según el portal Euwid Packaging, entre los firmantes de la carta se encuentran la Asociación Federal de la Industria Alemana de Gestión de Residuos (BDE), la Asociación Federal de Materias Primas Secundarias y Gestión de Residuos (bvse), la Asociación Alemana de Minoristas (HDE), la Federación de las Industrias Alemanas de Alimentación y Bebidas (BVE), la GKV (Asociación General de la Industria de Procesamiento de Plásticos), la Asociación de la Industria de Envases de Plástico (IK), la Asociación Alemana de Marcas y la Asociación de la Industria Láctea.

Las asociaciones argumentan que la implementación a mitad de año de las nuevas regulaciones generaría diversos problemas prácticos. Por ejemplo, entrarían en vigor a mediados del ejercicio fiscal, lo que resultaría en la aplicación simultánea de dos regímenes jurídicos diferentes, con implicaciones para términos clave como "fabricante" y "productor" en el marco de la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Esto podría llevar a que las partes previamente obligadas suspendan o reduzcan sus pagos, al no estar claro quién será responsable en el futuro.

Además, existe una falta de claridad jurídica tanto a nivel europeo como nacional. Aunque se trata de un Reglamento de aplicación directa, la ley alemana de aplicación no se espera hasta mediados de 2026, mientras que importantes cuestiones de interpretación, como las categorías de envases o las fracciones de cuota, siguen sin respuesta a nivel de la UE. Sin esta claridad, afirman los firmantes resulta imposible una planificación fiable para los sistemas de REP, los fabricantes e incluso los municipios. La redacción de contratos, las previsiones de volumen y el cálculo de precios se verían dificultados, con consecuencias directas para la financiación de servicios municipales como la limpieza de contenedores o el asesoramiento en gestión de residuos.

Las asociaciones critican especialmente los riesgos burocráticos y financieros resultantes. Un cambio de sistema durante el año requeriría contratos duplicados, informes de datos paralelos y procedimientos de facturación adicionales, lo que generaría una financiación incierta. Como resultado, las estructuras establecidas de la economía circular podrían verse debilitadas o incluso desestabilizadas.

Por lo tanto, las asociaciones proponen que la aplicación comience a principios de 2027. Este aplazamiento generaría el tiempo necesario para aclarar las cuestiones pendientes a nivel nacional y de la UE, diseñar mecanismos transitorios económicamente viables e implementar el nuevo reglamento de forma ordenada. Además, en su opinión el tiempo ganado serviría a Alemania para asumir un papel de coordinación a nivel europeo.