La Comisión Europea ha abierto una investigación contra la empresa postal pública Correos para examinar si las medidas tomadas por el Estado a favor de la compañía desde 2004 estuvieron en línea con las normas sobre ayudas estatales fijadas por la Unión Europea.
La Comisión evaluará, en particular, si la financiación pública que España concede a Correos ha compensado en exceso a la empresa para llevar a cabo su obligación de servicio público, así como si una serie de otras medidas han dado Correos una ventaja indebida. Según han señalado las autoridades europeas, la apertura de un procedimiento de investigación en profundidad da el Estado miembro y las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre las medidas en cuestión, pero no prejuzga el resultado final de la investigación.
Según las normas sobre ayudas estatales de la UE sobre compensación por servicio público, aprobada en 2011, las empresas pueden ser compensadas por el costo adicional de proporcionar un servicio público sujeto a ciertos criterios. Sin embargo, la Comisión ha recibido dos quejas que alegan que Correos se habría beneficiado de varias medidas ilegales e incompatibles las ayudas estatales. En esta etapa, la Comisión teme que Correos puede haber recibido una compensación excesiva entre 2004 y 2010 para la prestación del servicio postal universal. Según se explica en un comunicado, "en efecto, a la vista preliminar de la Comisión, los niveles de rentabilidad alcanzados por Correos con la financiación pública parecen exceder el nivel de beneficio razonable permitido por las normas sobre ayudas estatales de la UE sobre compensación por servicio público, y los niveles aprobados por la Comisión en decisiones anteriores comparables con respecto a los operadores postales .
La Comisión también investigará otras medidas concedidas por España a Correos desde 2004, incluyendo exención de impuestos, aumentos de capital y la compensación por la distribución del material electoral.
Ante esta información, la empresa pública postal ha emitido un comunicado en el que señala "que se trata de la apertura de un procedimiento formal que, como tal, es un acto rutinario. Debido a la complejidad de un proceso como éste, en su inicio, la Comisión contrasta la información que dispone con las partes interesadas, sin prejuzgar absolutamente nada.