Amparándose en la necesidad de reactivar la industria de la automoción, el Gobierno de España ha elaborado un plan de impulso que incluye la ampliación de la Masa Máxima Autorizada (MMA) y la altura de los camiones hasta las 44 toneladas y los 4,5 metros respectivamente, en lugar de las 40 toneladas y 4 metros permitidos como máximo en estos momentos.
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se critica con dureza este plan, cuya puesta en marcha está prevista a partir de mayo de 2021. “Siempre hemos insistido en que antes de aumentar la capacidad de carga de los camiones debería realizarse una armonización a escala europea (el tráfico transfronterizo de camiones de más de 40 toneladas y 4 metros de altura está prohibido), estudiarse adecuadamente la incidencia, impacto y repercusión que esta medida tendría sobre elementos tan importantes como la seguridad vial, el deterioro de las infraestructuras viarias y el importante daño social y económico que supondría para las empresas de transporte de mercancías por carretera y sus empleados”, señala en un comunicado.
“En nuestra opinión -continúa la CETM-, en estos momentos tan dramáticos, en los que toda la economía nacional está en peligro, consideramos que las soluciones para salir de esta crisis pasan por la consecución de acuerdos globales que salvaguarden la actividad y el empleo en todos los sectores, y no solo en algunos, tal y como, con una total falta de solidaridad, hace este plan. En consecuencia, el Comité Ejecutivo de la CETM que se reunirá el próximo jueves 18 de junio, estudiará la adopción de medidas de protesta”.
Por su parte, desde la asociación Fenadismer se indica que la implantación de esta medida en los pocos países europeos que la tienen en vigor (sólo 8 de los 27 Estados miembros de la UE) "no ha supuesto mejora económica alguna para el transportista, ni para el sector en su conjunto. Prueba de ello fue la experiencia piloto puesta en marcha hace 7 años en Cataluña, implantando las 44 toneladas a nivel autonómico, cuyo resultado para los transportistas no resultó beneficioso, lo que motivó su derogación tras tan sólo 21 meses en vigor".