A principios de este mes de agosto, el Gobierno aprobaba en su Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley (RDL) encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera y tratando de asegurar una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación. El objetivo del texto, entre otros, es implantar las medidas acordadas con el sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte. El texto aprobado refuerza la posición del transportista efectivo, evitando que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales. Asimismo, se habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 M€, replicando las ya establecidas el pasado mes de marzo por el RD-Ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión a los autobuses urbanos. El texto, además, recoge medidas de apoyo económico al transporte terrestre y fomento del transporte público y otras de índole técnico y de seguridad en el ámbito marítimo y aéreo, que garanticen una mejor calidad de servicio a los usuarios del transporte, y permitan mejorar la seguridad de tripulaciones y pasajeros.
Este nuevo texto legal recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 €. Además, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre Mitma y el sector establecido en el RD-Ley 3/2022 recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información. Adicionalmente, se recoge la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de todas las medidas implantadas, presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.
El Real Decreto-ley recoge un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros debido a la alta dependencia del precio del combustible de este sector estratégico. La línea se distribuirá por número y tipo de vehículo y, en el caso del transporte de mercancías ascenderá a 1.250 € por vehículo pesado y 500 € por vehículo ligero. En cuanto al transporte ferroviario, se destinará un máximo de 1,9 M€ a empresas públicas y privadas. La ayuda acordada se concederá antes del 31 de diciembre de 2022.
La implantación de todas estas cuestiones se planteaba a través de un proyecto de ley con dos objetivos principales: asegurar una rentabilidad mínima del trabajo en el sector y una utilización justa de la subcontratación. En este sentido, el acuerdo alcanzado en su momento determinaba presentar el proyecto de ley antes del 31 de julio, pero dada la importancia del mismo, la situación derivada de la guerra de Ucrania y su afectación al sector del transporte, y muy especialmente la propia petición expresa del Comité en este sentido, el gobierno ha decidido tramitarlo de forma urgente en forma de Real Decreto Ley.
Tras la aprobación de este nuevo texto legal, la Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) valora positivamente los avances, "fruto del continuo e intenso dialogo con el Gobierno", aunque se alerta sobre algunos puntos a tener en cuenta. Destaca la necesidad hacer un seguimiento puntual de su aplicación efectiva, al estimar que no se recogen "unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado. Deja de lado cuestiones nucleares como la limitación de la subcontratación para cuyo desarrollo dispondremos de un periodo de seis meses". En cualquier caso, desde el Comité se espera que las diferencias no sean insalvables y se muestran dispuestos a seguir trabajando en los próximos meses, "siendo conscientes de la complejidad que supone la puesta en marcha de esta normativa, cuya publicación consideramos como importante, pero cuyo contenido en nuestra opinión deja sin resolver el objetivo para la que se acordó".
Por su parte, la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera también ha valorado el Real Decreto-ley como un primer paso muy importante para frenar "el abuso y la indefensión laboral. En este sentido, tenemos que hacer un llamamiento a los transportistas para decirles que todos debemos de poner de nuestra parte y hacer valer nuestra figura y dependencia dentro de la cadena de distribución, para llevar a cabo el cumplimiento de esta nueva ley". Asimismo se destaca que la Administración ha adquirido un compromiso con la Plataforma para evaluar de forma conjunta el funcionamiento práctico de este Real Decreto-Ley "para que los resultados a obtener sean el objetivo perseguido, siendo motivo de revisión cualquier circunstancia que argumente y acredite la necesidad de algún cambio necesario".