Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y CC.OO de Construcción y Servicios y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han presentado el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, un instrumento que analiza el estado actual del Sistema de Atención a la Dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios; el desarrollo normativo de la ley, tanto a nivel estatal como autonómico; los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema; y la delicada situación por la que atraviesa el sector.
Entre las conclusiones del informe, se destaca que la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia (Lapad) registra importantes retrasos en la valoración y concesión de prestaciones, constatándose que algunas comunidades autónomas no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que hace que no resulte satisfecho en el momento oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes. Asimismo, a pesar de que el Real Decreto RD1050/2013 tenía como objetivo priorizar servicios frente a prestaciones económicas, la Ley continua, siete años más tarde de su entrada en vigor, con una proporción de un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales, frente al 13,95% de servicios de atención residencial, 12,71% de SAD y 12,53% de teleasistencia.
Por otra parte, el crecimiento de empleo generado en el sector se ralentiza y comienza a disminuir en 2012, incrementándose desde esa fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que, unido a la disminución de servicios e intensidades, nos aleja de las estimaciones de creación de empleo previstas.
Además, concluye el informe que La normativa relativa a la Lapad es enorme, ya que incluye más de 671 normas de Comunidades Autónomas y 134 normas estatales. Sin embargo, adolece de una normativa estatal en materia de acreditación por grado de dependencia, que garantice una atención de calidad.