Amma Usera
El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y, en definitiva, el reconocimiento, como tal, del derecho a ser atendido en las distintas situaciones de dependecia creaba en diciembre de 2007 un nuevo escenario en el que la colaboración entre administraciones y gestores geriátricos privados cobraba más sentido que nunca . Y es que, reconocido el derecho a ser atendido desde la Administración, parece lógico que el ciudadano opte por utilizar recursos públicos, en lugar de pagar el 100% del coste de una plaza en una residencia privada. La viabilidad del sector privado quedaba en muchos casos en manos de colaborar de alguna forma con las administraciones . Y para estas últimas tenía más sentido contratar servicios para cubrir su demanda, que construir nuevos centros.
Hoy, años después de aprobarse la Ley y pese al retraso en su aplicación, la colaboración público-privada se mantiene e incluso se ha incrementado, en el afán de muchas administraciones de ir dando entrada en sus actividades a la iniciativa privada. Las formas de participar son diversas y varían según las regiones. Esta ausencia de un marco regulatorio común genera a menudo ineficiencias. A partir de ahí, a grandes rasgos se puede hablar de cuatro tipos mayoritarios de formas de colaborar: la concertación de plazas pagadas con dinero público en residencias privadas; las concesiones de gestión de centros públicos por parte de gestores privados por un número limitado de años; las cada vez más extendidas concesiones de obra y explotación por un periodo más o menos largo de tiempo; y la denominada prestación vinculada al servicio.