El Consejo Europeo ha hecho públicas un conjunto de directrices para sus 47 estados miembro, con las que se exige que, en derecho y en la práctica, los datos relativos a la salud sean tratados con todo respeto, fundamentalmente en lo relativo al derecho a la vida privada al de protección de datos.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías en el sector de la salud, el volumen de datos tratados ha aumentado de forma exponencial y de ahí la necesidad de definir una serie de reglas para las administraciones y los profesionales del sector.
En una recomendación que se aplica tanto al sector público como al privado, el comité de Ministros del Consejo Europeo invita a los gobiernos a transmitir estas líneas directrices al sistema de cuidados de sus países, así como a los actores que tratan lo dato relativos a la salud, en particular a los profesionales de la sanidad y a los responsables de la protección de datos.
Esta recomendación incluye un conjunto de principios a tener en cuenta para asegurar la protección de estos datos. Estos principios integran las novedades introducidas en la convención actualizada del Conejo de Europa, relativo a la protección de datos, conocido como 'Convención 108+', que fue firmado en octubre de 2018.
El consejo de ministros señala que los datos relativos a la salud deberían estar protegidos acometiendo medidas de seguridad apropiadas que tengan en cuenta los últimos avance tecnológicos, el carácter sensible de estos datos y la evaluación de riesgos potenciales. Estas medidas de protección deberán ser integradas desde la fase de concepción, en todo sistema de información que trate datos relativos a la salud.
La recomendación fija líneas directrices sobre diversos aspectos, especialmente sobre la base legítima del tratamiento de estos datos (en particular el consentimiento de la persona afectada), datos sobre los niños que van a nacer, datos genéticos relativos a la salud y la puesta en común de información relativa a la salud por parte de los profesionales, así como la conservación de datos.
El documento enumera los derechos de la persona afectada, entre los que se incluye la transparencia en el tratamiento de estos datos. Contiene asimismo una serie de principios que deben ser respetados cuando los datos se utilicen con fines de investigación científica y sean recopilados a través de dispositivos móviles o compartidos con otros países.