El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley en el que se incluye un incremento de la financiación de 2.218 M€ adicionales, para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Según el ejecutivo, se trata de "la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática: 2.218 M€ extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan". Una inversión que "casi multiplica por cinco la financiación estatal desde nuestra llegada al Ejecutivo" y que supone "un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano, más justo y que no deje a nadie atrás cuando más necesita el apoyo del conjunto de la sociedad", subrayó.
Durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, Sánchez añadió que esta inversión va a permitir al Gobierno cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura, que manifestó en su discurso de investidura, y es que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia, elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027".
El jefe del Ejecutivo apuntó que "este año vamos a culminar una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia desde su creación en 2006". Así, explicó que el Real Decreto-ley aprobado hoy aumenta las cuantías mínimas que reciben las CCAA, que son las competentes en la materia, por lo que "las personas con grado II de dependencia van a contar con el doble de financiación para garantizar su atención" y "quienes tienen un Grado III verán más que duplicado ese apoyo. Además, manteniendo el Grado III+ que aprobamos hace menos de un año para personas con una situación de extrema dificultad, como los pacientes de ELA". "Todo ello nos va a permitir mejorar las condiciones de más de 1,6 M de personas y también de sus familias", añadió. Un impulso al sistema de dependencia con el que se van a lograr tres objetivos fundamentales: "reducir aún más las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados, y dignificar las condiciones de quienes cuidan", ha apuntado.
Las principales organizaciones representativas del sector de la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración en España, AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES, celebran el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. Las entidades consideran que este compromiso supone una noticia positiva para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que prestan los servicios de cuidados, así como una muestra del creciente reconocimiento institucional de la importancia estratégica que tiene este sector para el presente y el futuro de nuestro país.
Las patronales destacan que el anuncio permite recuperar la senda de incremento de la financiación estatal impulsada entre 2021 y 2023, consolidando un esfuerzo presupuestario que resulta imprescindible para responder a los desafíos demográficos y sociales que afronta España. A su juicio, el refuerzo de la aportación estatal constituye un paso relevante para fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y avanzar hacia un modelo más robusto, sostenible y capaz de responder a las necesidades crecientes de atención y cuidados de larga duración.
Las organizaciones muestran su confianza en que el incremento de recursos comprometido por el Gobierno se materialice plenamente y llegue de forma efectiva a los servicios profesionales de atención y cuidados, permitiendo reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a las personas y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras del sector.
En este sentido, consideran fundamental que el aumento de financiación tenga un impacto directo en los servicios, en las personas atendidas y en los profesionales que los prestan, contribuyendo a fortalecer la capacidad del sistema para responder a las necesidades actuales y futuras. Asimismo, subrayan la importancia de que estos nuevos recursos supongan un incremento neto de la financiación destinada a la dependencia y los cuidados, evitando que puedan verse compensados por reducciones en las aportaciones realizadas por otras administraciones u organismos públicos.