La consultora PriceWaterhouseCoopers ha presentado, en colaboración con la asociación Aeste, su informe 'Situación del Servicio de Atención Residencial en España', en el que, entre otros aspectos, se revelan las deficiencias de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Paralelamente, la firma apuesta por un marco estable, transparente y sostenible, que se base en la colaboración público-privada, con un sistema de acreditación definido y unos estándares claros de calidad por grados y niveles de dependencia.
El informe considera que, para dar sostenibilidad al sistema, se debe establecer una colaboración público privada más eficiente y aboga por "establecer las tarifas de las plazas concertadas por la Asministración por nivel de dependencia y según el coste real de los servicios". Así, según se asegura en el estudio, el coste medio de una plaza residencial en España es de 70 €/día y las tarifas oscilan desde los 1.928 € al mes para la baja dependencia hasta los 2.187 €/mes para la alta dependencia. Sin embargo, las Administraciones pagan una media de 54 € al día a los centros concertados, lo que supone 16 € diarios menos del coste real.
Por otra parte, el informe hace alusión a que, a medida que avanza el calendario de implantación de la Ley de Dependencia, se observa como el peso de la atención residencial disminuye, en favor del cuidado familiar, una figura prevista por la legislación como excepcional y que, sin embargo, representa ya el 52% de las prestaciones. En este sentido, el estudio recomienda la priorización de los servicios profesionales de atención a la dependencia, frente a los cuidados familiares, que no generan empleo ni retorno económico. Para ello, es esencial completar el proceso de acreditación que garantice a los ciudadanos un servicio de calidad comparable en todo el territorio.