La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha pronunciado acerca del etiquetado del origen de la leche: a favor de que figure, pero en contra de que sea una medida obligatoria.
La CNMC ha emitido un informe respondiendo a la solicitud del Ministerio de Agricultura, en relación al Proyecto de Real Decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. Un proyecto correspondiente al anterior equipo ministerial, encabezado por Isabel García Tejerina y que ha sido relevado a lo largo de la presente semana.
En su respuesta, la CNCM considera "que la procedencia geográfica de los productos puede ser un dato importante para el consumidor, y nada impide que las empresas incluyan esta información en los etiquetados de sus productos lácteos".
Por el contrario, estima "que obligar a las empresas a incluir esta información en el etiquetado puede contribuir a compartimentar el mercado por zonas geográficas, restringir la libre circulación de mercancías y afectar a la competencia. Por ello, debe extremarse la precaución a la hora de introducir esta clase de obligaciones".
El etiquetado del origen de la leche como materia prima bien de leche líquida o de otros productos lácteos es una práctica habitual en otros países de la Unión Europea, como Francia e Italia. En el borrador elaborado por el Ministerio, figuraba la obligatoriedad de qie figurase tanto el país origen del ordeño como aquel en el que se había transformado la materia prima; cuando ambos procesos se hubiesen ejecutado en el mismo país, bastaría con una mención al origen de la leche.
La CNMC concluye su informe demandando a los promotores de la norma que justifiquen el interés de la medida. "Seríarecomendablejustificarenmayormedidala
afectación a los intereses públicos tasados en la norma, la relación entre
el origen de la leche y las cualidades de la leche y los productos lácteos,
y la relevancia de estos para los consumidores finales". Asimismo, demanda unamayorjustificación"sobre las razones imperiosas de interés general que se venafectadas en la situación actual y cómo va a contribuir a protegerlas la medidaproyectada, más allá de constatar que otros Estados miembros han adoptadonormativas similares. Además, sería conveniente justificar la proporcionalidad de la nueva exigencia a la luz de las posibles alternativas menos gravosas existentes".