DIA acaba de comunicar a la CNMV que ha reformulado sus cuentas de 2017, como ya aseguró que ocurriría el pasado día 15, cuando anunció un 'profit warning'. El grupo explica, en un texto firmado por Miguel Ángel Iglesias, vicesecretario del consejo de administración, que hace estos cambios en cumplimiento de la ley (artículos 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y 17
del Reglamento (UE) N.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre abuso de mercado).
DIA argumenta que tras revisar las estimaciones del cierre financiero de 2018, consideró que "debían incorporarse determinados ajustes a los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio 2017, que se estimó podrían tener un efecto patrimonial negativo por un importe valorado en, aproximadamente, 70 M€. No obstante, tras calcular su efecto fiscal, el efecto patrimonial negativo se sitúa en unos 56 M y asegura que es atribuible, en su mayor parte, al negocio en España y Portugal. Según la distribuidora, el efecto en el beneficio del ejercicio 2017, por importe de 20 M corresponde,fundamentalmente, "a sobreestimaciones realizadas al cierre de dicho periodo en los descuentos comerciales a percibir de proveedores". Del efecto en reservas, 18 M proceden de facturas pendientes de recibir de proveedores que fueron objeto de registro en un periodo distinto al que les correspondía. Los 18 M restantes proceden, básicamente, de "estimaciones de provisiones por diversos conceptos que se arrastraban de un ejercicio a otro y que no resultan significativas ni individualmente, ni en su conjunto y que la sociedad ha decidido registrar en el periodo adecuado correspondiente".
Por último, el grupo aclara que "las correcciones indicadas anteriormente, todavía provisionales, han tenido como objetivo imputar a cada ejercicio los ingresos y gastos que les corresponden, pero en ningún caso han supuesto movimientos de caja.
La reformulación de las cuentas es el último episodio de la etapa convulsa en la que está inmersa DIA, que ha supuesto cambios en toda su estructura. El más significativo ha sido la entrada de en su accionariado del inversor ruso, Mikhail Fridman, en julio de 2017, a través de LetterOne Investment Holdings, que ya controla el 29% del capital, lo que le coloca al borde de la OPA (a partir del 30% la ley obliga a lanzarla). Esta podría efectuarse en enero, para no pagar un sobreprecio sobre el valor actual del grupo. Además, la entrada de LetterOne ha supuesto importantes cambios en el consejo, empezando por la dimisión de la presidenta, Ana María Llopis, o la salida del consejero delegado, Ricardo Currás, y su sustitución por Antonio Coto, y en su equipo gestor. Al mismo tiempo, la compañía se ha desplomado en bolsa y ya ha sido calificada como bono basura (pasa de BBB- a BB-) por las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's. En paralelo, intenta transformar su red con iniciativas como el lanzamiento de 'Dia&Go', que ya suma unos 80 establecimientos, caracterizados por una estética renovada y cuidada y un surtido muy orientado a la conveniencia.