El sector de la distribución alimentaria contabilizó más de 353.000 procesos de baja laboral para la "Población Protegida por las Mutuas en 2024", lo que supuso un incremento del 4,58% con respecto a 2023. Estas bajas tuvieron una duración media de 46 días en 2024. Para este segmento de población, el coste total de esta situación ha sido de 1.023,30 M€, que suma el coste en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas y el coste directo para las empresas, una cifra que no ha cesado de incrementarse desde el año 2018, cuando era de 467,42 M€.
En concreto, en el sector, la duración media de las bajas laborales derivadas de Contingencias Comunes diagnosticadas como patologías traumatológicas, que son tratadas por los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades y Ciudades Autónomas, fue de 75 días, mientras que la duración de las mismas patologías derivadas de Contingencias Profesionales, que son tratadas por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, fue de 42 días.
Por lo tanto, en 2024, 77.000 trabajadores de la Distribución Alimentaria diagnosticados con patologías traumatológicas derivadas de Contingencias Comunes tardaron 33 días más de lo necesario en recuperar su salud para poder reincorporarse al trabajo. Esto supone un perjuicio para la salud de los trabajadores, para la competitividad de las empresas y para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, además de los quebrantos organizativos que conlleva para el funcionamiento normal de las empresas y la carga laboral que supone para el resto de trabajadores de las mismas. Esta diferencia puede explicarse, principalmente, por la elevada carga asistencial y burocrática que registran los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Por otro lado, las bajas laborales iniciadas por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria supusieron, en Coste Directo para las Empresas y en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas, un gasto superior a 1.023 millones de euros en 2024, 128 millones de euros más con respecto a 2023 y 556 millones de euros más que en 2018, lo que implica un incremento del 118,88% en los últimos seis años. A nivel Nacional, el Coste Directo para las Empresas y en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas, en 2024, ha ascendido hasta los 18.109,28 millones de euros, 2.413 millones de euros más que en el ejercicio 2023, y 8.921,18 millones de euros más que en 2018, lo que equivale a un incremento del 97,09% en los últimos seis años.
A nivel nacional, en 2024, el gasto para el total del sistema de la Seguridad Social ha ascendido hasta los 28.987 millones de euros, 3.660 millones de euros con respecto al ejercicio 2023, y 14.425 millones de euros con respecto a 2018, lo que equivale a un incremento del 99% en los últimos seis años.
En 2024, el equivalente de trabajadores del total del Sistema de la Seguridad Social que no acudieron ningún día a trabajar a los supermercados, autoservicios y distribución mayorista fue de 78.885, lo que supone un incremento del 4,56% con respecto al año anterior. Esta es una de las principales conclusiones del informe “Evolución de los Indicadores de Absentismo Laboral por ITCC en el Sector de la Distribución Alimentaria y España de 2018 a 2024” presentado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en la sede de CEOE, en la Jornada sobre Absentismo Laboral en el Sector de la Distribución Alimentaria, organizada por ASEDAS y AMAT, y en la que ha participado CEOE.
El informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) incluye una serie de recomendaciones para la mejora de la gestión de las bajas diagnosticadas como patologías traumatológicas, en las que las Mutuas son expertas en su tratamiento, para ayudar a los trabajadores a recuperar lo antes y mejor posible su salud, al tiempo que se evita el uso indebido de la prestación. Entre ellas, destacan el reconocimiento de las Mutuas para prestar asistencia sanitaria integral y emitir altas médicas al menos en las patologías traumatológicas y osteoarticulares, al igual que se hace en el caso de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; evitar el establecimiento de complementos y mejoras a la prestación por baja por Contingencia Común; y rebajar el porcentaje que se aplica a la base reguladora para el cálculo de la prestación, sin perjuicio de ponderación en función de la gravedad de la enfermedad o accidente, así como de su evolución.