En respuesta a la preocupación planteada por los Estados miembros de la UE sobre las obligaciones asociadas al nuevo Reglamento Europeo sobre Deforestación, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la pasada semana el aplazamiento de su aplicación, así como otras enmiendas por 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones.
Los grandes operadores y comerciantes deberán cumplir con las obligaciones derivadas de este reglamento a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las microempresas y pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026. Este plazo adicional, entiende el legislador, ayudará a los operadores de todo el mundo a implementar las normas sin problemas desde el principio, sin socavar los objetivos de la ley.
El Parlamento también adoptó otras enmiendas propuestas por los grupos políticos, incluyendo la creación de una nueva categoría de países sin riesgo de deforestación, además de las tres categorías existentes: riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto. Los países clasificados como sin riesgo, definidos como aquellos con un desarrollo de superficie forestal estable o creciente, se enfrentarían a requisitos significativamente menos estrictos. La Comisión deberá establecer un sistema de evaluación comparativa por país antes del 30 de junio de 2025.
El Parlamento decidió devolver este expediente a comisión para negociaciones interinstitucionales. Para que estos cambios entren en vigor, el texto acordado deberá ser refrendado tanto por el Consejo como por el Parlamento y publicado en el Diario Oficial de la UE, lo que se espera ocurra en las próximas semanas
El reglamento sobre deforestación fue aprobado por el Parlamento el 19 de abril de 2023. Las instituciones europeas consideraban que este texto sería clave dentro de la estrategia común para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad previniendo la deforestación relacionada con el consumo en la UE de productos derivados del ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, el caucho, el carbón vegetal y el papel impreso.
En vigor desde el 29 de junio de 2023, sus disposiciones debían ser aplicadas por las empresas a partir del 30 de diciembre de 2024, pero su ejecución ha sufrido retrasos, principalmente por la falta de herramientas administrativas para que las empresas pudieran cumplir con sus contenidos. Desde mediados de este año, grupos políticos e instituciones como la Comisión Europea habían valorado la posibilidad de que se produjese un nuevo retraso en su aplicación, medida que quedaba en manos del Parlamento para su aprobación casi definitiva.