El Reglamento Europeo sobre la Deforestación (EUDR) podría sufrir otro aplazamiento debido a la preocupación de la Comisión Europea por la arquitectura y el rendimiento de los sistemas informáticos actuales para hacer frente a los nuevos requerimientos. La Comisión Europea ha propuesto retrasar la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Deforestación (EUDR) doce meses más, hasta finales del próximo año, una medida que aún no ha recibido el visto bueno del Parlamento y los Estados miembro.

En la última reunión del Consejo de Agricultura y Pesca, celebrada el pasado 23 de septiembre en Bruselas, Jessika Roswall, comisaria sueca responsable de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, declaró que la Comisión solicitará un aplazamiento de un año para la entrada en vigor del EUDR, prevista para el 30 de diciembre de 2025.

Esta institución expresa su preocupación por la capacidad del sistema informático, dada la cantidad de información que se iba a introducir en él, y considera que, a pesar de todos los esfuerzos de simplificación, la aplicación del reglamento no se realizará sin interrupciones para las empresas y las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, la comisaria Roswall negó que el aplazamiento tuviera relación alguna con las quejas del gobierno estadounidense, también mencionadas en el acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, o que estuviera vinculado al acuerdo comercial firmado recientemente con Indonesia.

El EUDR se diseñó para limitar las importaciones y el comercio de productos como la madera, la pulpa, el papel, el cacao, la soja, el aceite de palma, el café, el caucho y algunos de sus productos derivados, que finalmente se vincularon a la deforestación y la degradación forestal. El reglamento entró en vigor a finales de junio de 2023 y, en un principio, estaba previsto que se aplicara a partir del 30 de diciembre de 2024, pero ya se había aplazado un año, hasta finales de 2025.

El retraso en su entrada en vigor ha sido visto con cierto alivio por parte de sectores que veían este texto como una amenaza de barrera comercial. Los propios Estados miembro habían manifestado su preocupación por una medida que podría generar una carga burocrática exagerada.