Maquina de recolección de envases.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de julio la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un proyecto que entró en las Cámaras a mediados del pasado año y que significa la trasposición de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE del 19 de noviembre de 2008. La medida nace con una fuerte polémica por la oposición expresada Ecovidrio en los últimos meses por parte de diversas asociaciones industriales, ecologistas y de consumidores, así como los dos Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de residuos de envases de nuestro país: Ecoembes. y oposición expresada Ecovidrio
A este respecto el punto más controvertido es sin duda la posibilidad de que se implante en un plazo indeterminado un Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) que gravaría los envases de bebidas en plástico y metal con una tasa que, según se ha comentado repetidamente, aunque nunca por cauces oficiales, rondaría los 25 céntimos por unidad.
Otro aspecto polémico para el sector de E+E, y que tampoco ha sido inesperado, es la situación en que queda el mercado de las bolsas de un solo uso, que según el texto final deberán ser sustituidas completamente en 2018 por materiales biodegradables, estableciéndose un calendario que fija unos porcentajes de sustitución del 60% de bolsas biodegradables en 2013, 70% en 2015 y 80% para 2016.
Asimismo, como estaba previsto, la nueva ley establece unas tasas de reciclado del orden del 50%, exigiendo la separación de todo tipo de residuos de papel, plástico, vidrio y metales (no sólo materiales de E+E), cuyo sistema de recogida selectiva debe estar implantado en 2015. En total, se estima que el volumen de residuos urbanos afectados ascenderá a unas 24 Mt anuales, de los cuales unas 3,5 Mt corresponden a envases domésticos.
En su paso por el Parlamento y las Comisiones de Medio Ambiente, la ley ha sufrido importantes cambios sobre el proyecto que originalmente vio la luz hace justo ahora un año. Entre los más destacados está la imposición del criterio de proximidad , que obligaba a los SIG a vender el material recuperado a los recicladores más próximos en vez de los paguen un mejor precio, y que finalmente ha sido cambiado; la obligación de constituir nuevas sociedades de gestión que sustituyeran a los actuales SIG; o la posible implantación de barreras administrativas que dificultaran el traslado y gestión de los residuos.
Por contra, además del SDDR, otros aspectos que afectan especialmente al funcionamiento del actual sistema de gestión han permanecido casi sin cambios, en especial la consideración que tendrá la que hasta ahora era máxima regulación sobre el sector, la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, que pasará a tener categoría de reglamento durante el periodo transitorio de la normativa recién aprobada (lo que hace factible que determinados aspectos de la antigua ley puedan ser derogados por fórmulas menos complejas como el Decreto-Ley); y el sistema de voto de los SIG, que deja de ser unitario por socio para convertirse en proporcional al volumen de envases puestos en el mercado.
Volviendo al SDDR, la implantación de este sistema dependerá de que el Gobierno remita a las Cortes un informe sobre la viabilidad técnica ambiental y económica y siempre teniendo en cuenta los objetivos de cumplimiento fijados por la Unión Europea. Como destaca Ecoembes, el desarrollo de esta medida sería excesivamente costoso y de una eficacia limitada ya que calcula que implantar las máquinas que paguen el retorno del envase al consumidor y establecer un sistema logístico de recogida y selección comportaría un gasto de 600 M€ sólo en implantación de los equipos necesarios en 20.000 de los 90.000 puntos de venta comercial que existen en España.
El SDDR, siempre según Ecoembes, aportaría un incremento a las tasas de reciclado cercano a los 2 puntos, aunque, por contra, supondría cambios en el actual sistema de recogida al tener que eliminarse los envases de bebidas del contenedor amarillo. Tres asociaciones de ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, han criticado la ley aunque en su caso ha sido "por quedarse corta", si bien apoyan que se abra la posibilidad de la implantación del SDDR. Por su parte, el sindicato CCOO ha recibido con buenos ojos la llegada de esta nueva normativa destacando que podría generar "hasta 14.000 empleos gracias a la profesionalización del sector".