"El Ministerio de Fomento ha estado dialogando y negociando con el sector de la estiba durante dos años, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2014, por la que se condenaba a España al considerar contrarios al Tratado de la UE aspectos relevantes de la regulación de la estiba en la Ley española de Puertos", tal y como afirma el organismo en un comunicado. El ministerio afirma que trasladó al sector su intención de presentar una propuesta consensuada.
Sin embargo, según informa, todas sus peticiones que han hecho han sido rechazadas por la Comisión Europea, al considerar que no cumplen con lo requerido en la sentencia. De hecho, la principal reivindicación que han hecho los sindicatos del sector de la estiba ha sido la creación de un registro nacional de trabajadores. Esta propuesta se planteó ante la Comisión Europea que, en fecha 27 de julio de 2016 , contestó al Ministerio que "era contraria a la sentencia y no se iba a admitir".
Tal y como organismo señala, "se ha elaborado una norma para dar cumplimiento a la sentencia, en la que se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores. El objetivo no es otro que garantizar sus derechos". Para ello, por ejemplo, se establece un periodo transitorio de adaptación de 3 años, que permitirá a los empleados y a las empresas actuales adaptarse al nuevo marco legal.
Asimismo, se establece un sistema de compensaciones financieras de la Administración portuaria, de modo que se facilita que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes (pasivos laborales). Además, y en cuanto a los requisitos de capacitación de los trabajadores, no serán exigibles los requisitos de titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías. La segunda sentencia de la Unión Europea, que se producirá en fechas próximas, supondrá para España 134.000 € cada día por su incumplimiento.