El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Estrategia Marítima de España 2025-2050, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de transformar el transporte marítimo nacional durante los próximos 25 años. Se trata de un proyecto estratégico que ha implicado la coordinación de once ministerios y la participación activa del propio sector marítimo. La estrategia persigue adaptar el sistema logístico marítimo español a los desafíos económicos, medioambientales y tecnológicos de las próximas décadas, garantizando su sostenibilidad, competitividad e integración en la transición ecológica.
El documento plantea siete objetivos prioritarios: avanzar en la descarbonización del transporte marítimo, fomentar la innovación tecnológica, reforzar la competitividad de la flota y las banderas españolas, dinamizar el empleo marítimo, modernizar los puertos bajo criterios sostenibles, establecer un marco específico para la náutica de recreo y construir una administración marítima más eficaz y digitalizada. Según el comunicado, la relevancia del sector es "incuestionable", pues "el 66,8 % de las exportaciones y el 70,5 % de las importaciones españolas se realizan por vía marítima".
Entre las medidas concretas, la Estrategia contempla un plan de acción nacional para la descarbonización del transporte marítimo, que incluirá programas de ayudas para adaptar las flotas a los nuevos requisitos ambientales, impulsar corredores verdes y actualizar la normativa técnica y operativa. Además, se promoverá la concesión de avales públicos para financiar la renovación de buques operados por navieras españolas, con el fin de cumplir tanto los objetivos europeos del paquete Fit for 55 como las metas marcadas por la Organización Marítima Internacional.
También se prevé una revisión profunda del régimen jurídico de los registros marítimos, con especial atención al registro especial de buques y empresas navieras de Canarias, para mejorar la competitividad de la bandera española. En paralelo, se pondrá en marcha una regulación específica para la náutica de recreo, atendiendo tanto a los criterios de seguridad como a su sostenibilidad medioambiental.