La patronal ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) ha solicitado al gobierno, a través del Ministerio de Industria, un decálogo de "medidas urgentes destinadas a poder hacer frente al enorme desgaste en recursos, sin recibir ni plantear en ningún momento contraprestación alguna, para hacer frente al mantenimiento de la actividad en un sector estratégico clave para luchar contra la pandemia por COVID-19", ya que en la actualidad el sector privado está tratando al 19% de los hospitalizados y al 10% de los pacientes en UCI, según un comunicado de la entidad. ASPE subraya que tras la suspensión de la actividad no urgente, sus centros siguen trabajando "pero sin actividad de ingresos principal, lo que puede originar repercusiones en su sostenimiento presente y futuro en muchos casos".
En palabras de Carlos Rus, presidente de ASPE, “abogamos por el mantenimiento del empleo y de la plena capacidad productiva en la lucha contra el COVID-19, y necesitamos medidas urgentes que permitan la viabilidad financiera de los hospitales y clínicas privadas ante una grave crisis de liquidez, poniendo en peligro la continuidad de muchos hospitales”.
La primera de las medidas que ha presentado ASPE, de la que forman parte 468 hospitales y 925 centros no hospitalarios o sin internamiento, es de carácter fiscal, al pedir que mientras se mantenga el estado de alarma queden exentos del pago de impuestos y retenciones del IRPF, así como de las cuotas de la Seguridad Social, además de obtener aplazamientos y/o bonificaciones en el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la Seguridad Social. Asimismo, solicitan créditos fiscales por el incremento de la plantilla sanitaria.
Otras de las peticiones son "el acceso a líneas de financiación gratuita o con carencia en la devolución de principal para poder acceder a la liquidez suficiente que permita hacer frente al gasto corriente", así como a líneas de avales incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 o a líneas ICO de financiación de circulante. De la misma forma, solicitan líneas de liquidez a los bancos avaladas por el Estado y créditos blandos para poder hacer frente al pago de material de protección para sus profesionales.
Además, requieren la apertura de "una línea de financiación específica para el sector, por importe del 75% de la facturación del sector hospitalario durante 2 meses" y la reducción del IVA sanitario al tipo superreducido para la compra de materiales y equipos, junto a subvenciones para estas adquisiciones ante el aumento de precios del material sanitario y ayudas directas a centros que están atendiendo a pacientes con coronavirus.
Por último, plantean dos fórmulas de cobro excepcionales, una para que los centros concertados sigan percibiendo la parte fija del contrato que paga el Estado y otra para que los periodos de pago de aseguradoras y entidades públicas no superen los dos meses.