El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Una reforma integral que "supone refundar el modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, y menos burocracia"·. Además, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la AGE (Administración General del Estado) asuma el 50% de la inversión.
Por otra parte, el Congreso ha convalidado también este martes el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y que las CCAA vayan a recibir 6.200 M€ más entre 2026 y 2027.
“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha dicho Pablo Bustinduy, el ministro que ha impulsado este cambio normativo y esta nueva financiación, en una de las intervenciones que ha hecho este martes desde la tribuna del Congreso. Bustinduy ha asegurado que lo aprobado este martes en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados, y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.
El ministro ha explicado que la reforma de estas dos leyes avanza en el nuevo modelo de atención que marcó la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización desarrollada por Derechos Sociales. Esto es, cuidados basados en los derechos de las personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos, con el objetivo de dejar atrás el modelo de las macrorresidencias y el enfoque asistencialista, para priorizar e impulsar apoyos personalizados.
Bustinduy ha puesto en valor que esta reforma se aprueba al mismo tiempo que el Gobierno amplía la financiación del sistema de la dependencia, gracias al real decreto-ley convalidado. Una nueva financiación que es estructural, ha indicado, porque modifica por ley las cuantías del nivel mínimo que la AGE abona a las CCAA cada mes, duplicándolas, y porque permite culminar el compromiso político que el Gobierno de coalición se fijó para esta legislatura de que la inversión estatal en dependencia alcanzar el 50% del total.
Una meta que, sumando esta ampliación en el nivel mínimo junto al reparto del nivel acordado, que se ha incrementado igualmente, se alcanzará entre 2026 y 2027 con esos 6.200 M€ adicionales que recibirán las CCAA. En total, el Gobierno hará una aportación de 7.239,4 M a las CCAA en 2027, el doble que la que hubo en 2025, y permitirá a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales y ofrecer más y mejores servicios.
En lo relativo a la ley de dependencia (Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) la reforma incorpora a la norma modificaciones que permiten una ampliación del catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, así como priorizar la voluntad y circunstancias de cada persona, y agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.
Alguna de las principales medidas que incorpora esta reforma son la eliminación del régimen de incompatibilidades, que garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas; la asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo; la ampliación del concepto de cuidadores/as; la teleasistencia como derecho subjetivo; cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras (la reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales -la mayoría son mujeres, así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras); y la reducción de plazos para reconocer prestaciones, que pasa de seis a tres meses.