El Consejo de Ministros ha aprobado medidas extraordinarias para fortalecer y consolidar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con un desembolso adicional de casi 6.200 M€ (6.162,9 M) en lo que queda de 2026 y en el año 2027.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que "el Gobierno ha aprobado una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España". Bustinduy ha subrayado que esta decisión supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, así como la mayor ampliación de la red social de España en décadas.

La norma "refleja el compromiso del Gobierno de lograr un sistema universal de cuidados que cubra todas las fases de la vida y de alcanzar el 50% de la financiación del sistema de la dependencia por parte de la Administración General del Estado". A juicio del ministro, esto "supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, y para sentar las condiciones de esa gran transformación del sistema y de un nuevo modelo de cuidados que cuente con los recursos suficientes para poder garantizar un servicio público de mayor calidad y un derecho subjetivo de ciudadanía".

El ministro ha anunciado que su voluntad es que la convalidación del real decreto ley coincida en el Congreso de los Diputados con la votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que van a suponer el andamiaje jurídico para la transformación profunda del sistema de cuidados.

"El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista, masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias, y hacer posible un sistema personalizado cercano, que permita que la gente continúe viviendo en sus domicilios con los soportes y las ayudas necesarias durante todo el tiempo que lo deseen y con la mayor calidad de vida posible", ha remarcado Bustinduy.

La reforma del sistema amplía, a partir del 1 de julio, las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia. Así, las cuantías para las personas que tengan reconocido el grado I pasan de 76 a 90 € al mes, para el grado II suben de 130 a 260 € al mes, y para el grado III se incrementan de 290 a 660 € al mes.

El ministro ha añadido que las comunidades autónomas contarán con un 93% de recursos más para poder atender las obligaciones del sistema: "El objetivo es, de manera inmediata, poder eliminar las listas de espera, aumentar la intensidad y la calidad de las prestaciones y de los cuidados, así como mejorar las condiciones de trabajo en un sector absolutamente imprescindible y estratégico".

La aportación económica del Gobierno a la dependencia, tras estos incrementos, alcanzará los 5.513,8 M€ en 2026 y los 7.234,4 M en 2027. Esto "supone que la inversión del Estado será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década"

Reacción del sector

Las principales organizaciones representativas del sector de la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración en España, AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES, celebran el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. Las entidades consideran que este compromiso supone una noticia positiva para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que prestan los servicios de cuidados, así como una muestra del creciente reconocimiento institucional de la importancia estratégica que tiene este sector para el presente y el futuro de nuestro país.

Las patronales destacan que el anuncio permite recuperar la senda de incremento de la financiación estatal impulsada entre 2021 y 2023, consolidando un esfuerzo presupuestario que resulta imprescindible para responder a los desafíos demográficos y sociales que afronta España. A su juicio, el refuerzo de la aportación estatal constituye un paso relevante para fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y avanzar hacia un modelo más robusto, sostenible y capaz de responder a las necesidades crecientes de atención y cuidados de larga duración.

Las organizaciones muestran su confianza en que el incremento de recursos comprometido por el Gobierno se materialice plenamente y llegue de forma efectiva a los servicios profesionales de atención y cuidados, permitiendo reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a las personas y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras del sector.

En este sentido, consideran fundamental que el aumento de financiación tenga un impacto directo en los servicios, en las personas atendidas y en los profesionales que los prestan, contribuyendo a fortalecer la capacidad del sistema para responder a las necesidades actuales y futuras. Asimismo, subrayan la importancia de que estos nuevos recursos supongan un incremento neto de la financiación destinada a la dependencia y los cuidados, evitando que puedan verse compensados por reducciones en las aportaciones realizadas por otras administraciones u organismos públicos.