El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva las leyes de dependencia y discapacidad tras su paso por el Senado. La reforma de estas leyes supone una refundación del modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones y menos burocracia para las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad. La reforma también blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la AGE (Administración General del Estado) asuma el 50% de la inversión.
Esta reforma va acompañada, además, por el real decreto-ley aprobado por el Gobierno y convalidado en el Congreso en el mes de julio para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y con el que las CCAA van a recibir 6.200 M€ más entre 2026 y 2027.
En su intervención, el ministro Bustinduy ha apelado a las comunidades autónomas para que, una vez aprobadas las leyes y con el aumento sin precedentes de los recursos económicos disponibles, se reduzcan las listas de espera. “Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad”. Además, el ministro de Derechos Sociales ha recordado que gracias a la financiación extra aprobada vía real decreto-ley, las comunidades han recibido en sólo dos meses 517.444.324 € adicionales, según estimaciones del ministerio.
En lo relativo a la ley de dependencia (Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) la reforma incorpora a la norma modificaciones que permiten una ampliación del catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, así como priorizar la voluntad y circunstancias de cada persona, y agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.
Entre las principales medidas que incorpora esta ley en materia de dependencia, se incluye la eliminación del régimen de incompatibilidades, que garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas; la asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo, orientándola a la promoción de la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad; ampliación del servicio a domicilio, que queda blindado como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario; ampliación del concepto de personas cuidadoras, ya que el texto reconoce a nivel normativo la figura de la persona cuidadora principal, y lo complementa con la figura de persona cuidadora no profesional; teleasistencia como derecho subjetivo, ya que será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia, garantizando así que este servicio sea un derecho subjetivo a la vez que se establece su carácter complementario a otras prestaciones o apoyos; cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras, punto en el que la reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras; y reducción del plazo de resolución, reduciéndose el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de 6 a 3 meses.
Ante la aprobación de la reforma, la patronal AESTE ha reclamado a las Comunidades Autónomas que, en la elaboración de sus presupuestos, la nueva financiación estatal para la dependencia se traduzca en una revisión de las tarifas públicas y el refuerzo de las prestaciones vinculadas al servicio, lo que influiría decisivamente en una mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector. AESTE considera que el incremento económico de la nueva ley representa "una gran oportunidad que las Comunidades Autónomas deben aprovechar para garantizar la sostenibilidad de la atención. Ampliar el número de personas atendidas no es suficiente si las tarifas de concierto y contratos de prestación de servicios no cubren los costes, y las plantillas trabajan al límite. Así, los nuevos recursos deben mejorar la cobertura de atención, pero también garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios".
Es por ello que la asociación reclama que la financiación adicional del Estado suponga un incremento neto de los recursos destinados a la dependencia por parte de las comunidades autónomas, sin desplazar el esfuerzo presupuestario que estas ya realizaban, y que llegue de forma efectiva al sistema. Según Lourdes Rivera, presidenta de AESTE “el margen para hacerlo existe. El propio Acuerdo de distribución contempla de forma expresa la posibilidad de que los créditos financien actuaciones de mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, incluida la adecuación de los contratos de servicios y de los conciertos de plazas. Activar esa posibilidad corresponde a cada Comunidad Autónoma, en el marco del convenio suscrito con la Administración General del Estado y mediante las decisiones presupuestarias y administrativas oportunas para ello".
Por su parte, el Círculo de Atención a las Personas (CEAPs) aplaude los avances que incorpora en nuevo texto, aunque advierte de que su aprobación eleva, al mismo tiempo, la urgencia de afrontar problemas estructurales que llevan años condicionando el desarrollo de la dependencia y que ahora pueden comprometer la aplicación efectiva de las nuevas medidas. "La aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia supone, sin lugar a dudas, un avance que va a repercutir en la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas. Pero este punto positivo no puede despistarnos de los importantes retos que tenemos y que están condicionando la propia viabilidad del sector", tal y como advierte Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs.
Entre estos retos estructurales, CEAPs destaca la falta de profesionales, que para la patronal es uno de los problemas estructurales más urgentes de resolver; reducir las desigualdades entre comunidades; agilizar el acceso a prestaciones y servicios; y elevar la financiación ante el envejecimiento de la población. En palabras de Rafael Sánchez-Ostiz, "si no se resuelven estos retos, se corre el riesgo de ampliar derechos sin disponer de capacidad suficiente para hacerlos efectivos.