La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra cinco empresas y un directivo del sector de la asistencia sanitaria privada gallega por posibles prácticas anticompetitivas que afectarían a una licitación pública de la Xunta de Galicia (S/0019/25).
La investigación incluye a Gerosalud (Grupo Gaias Salud), empresa dedicada a la gestión sanitaria con una red de 10 centros médicos en Galicia y Madrid, a unos de los directivos de esta última, a los grupos hospitalarios Ribera, Recoletas Salud y HM Hospitales y al Hospital Concheiro (propiedad de Raconsa).
Por un lado, la CNMC analiza si Grupo Ribera, Recoletas Salud, HM Hospitales y el Hospital Concheiro habrían concertado en exclusiva con Gerosalud, mediante un acuerdo o práctica concertada, la asistencia sanitaria de las prestaciones vinculadas a un seguro colectivo de accidentes deportivos licitado por la Xunta de Galicia.
De esta forma, se habría impedido que la aseguradora inicialmente adjudicataria formalizara el contrato. En consecuencia, la licitación se habría adjudicado a una segunda empresa, en beneficio de Gerosalud.
Se trataría de un acuerdo o práctica concertada contraria al artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC).
Por otro lado, la CNMC investiga posibles abusos de posición de dominio por parte del Grupo Ribera Salud y del Grupo Recoletas Salud. Habrían consistido en una negativa injustificada de suministro de un insumo esencial y, de acreditarse, podrían infringir el artículo 2 de la LDC.
Entre el 18 y 21 de noviembre de 2025, la CNMC inspeccionó las sedes de varias empresas en distintos puntos del territorio nacional, en colaboración con la Comisión Gallega de la Competencia.
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución.
Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la LDC, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la multa.