Elgorriaga se encuentra nuevamente bajo sospecha, en esta ocasión, por un posible delito de estafa de los actuales administradores de la compañía. La Junta de Castilla y León trasladó hace unos días a la Fiscalía de Ávila una auditoría que había realizado a la compañía tras detectar una posible malversación de las ayudas públicas que ésta recibió en 2012.
Como se recordará, en esas fechas la propia Junta de Castilla y León ofreció a la alavesa Urbasa Global la financiación necesaria para hacerse con los activos de la extinta Chocolates Elgorriaga -entonces, en concurso de acreedores-, que se materializó en un crédito de 2 M€, del total de 3,2 M que ofreció Urbasa Global para adjudicarse Elgorriaga, y un segundo préstamo de 2,4 M€, cuyo cobro está de momento paralizado hasta que se resuelva el conflicto.
Tras analizar la documentación presentada por la Junta de Castilla y León, la Fiscalía de Ávila decidió presentar una denuncia contra los actuales administradores de la compañía ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila. Éste, finalmente, ha admitido a trámite la demanda y ha nombrado dos administradores judiciales, ya conocidos en Elgorriaga, pues fueron los responsables de gestionar su concurso: Miguel Ángel Martín y Aurelio Gurrea.
De forma paralela al desarrollo del proceso judicial, los trabajadores están realizando concentraciones periódicas frente a la fábrica para pedir soluciones a la situación que atraviesan. A los despidos realizados en las últimas semanas por la compañía se unen las deudas que ésta mantiene con sus trabajadores, que no han percibido sus nóminas de junio y julio, parte de su nómina de mayo y la paga extraordinaria de marzo, según la compañía, por falta de liquidez al no disponer de los fondos de la Junta de Castilla y León.
Esto se ha traducido también en falta de materia prima para continuar con la actividad de la planta, lo que ha hecho que, tal y como indica el sindicato CGT en nota de prensa, se haya tenido que suprimir un turno de trabajo.