La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab) ha mostrado su rechazo ante la reciente aprobación del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas en el parlamento catalán , incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat. En un comunicado emitido por la federación, Mauricio García de Quevedo, Director General de Fiab, asegura que estas medidas envían un mensaje negativo a la sociedad porque "retrae el consumo y afecta a la economía y al empleo", además de ser un "impuesto que crea inseguridad jurídica y quiebra la unidad de mercado tan necesaria para garantizar la competitividad de la industria".
Según Fiab, la decisión adoptada por el Parlamento catalán plantea un escenario que penaliza la demanda y castiga el crecimiento , no sólo de la industria de alimentación y bebidas, sino de aquellos sectores vinculados, como el turismo o el canal de hostelería y restauración, claves para el desarrollo de España dentro y fuera de nuestras fronteras. García de Quevedo recalcó que "estas medidas impositivas crean barreras importantes para las inversiones en nuestro país y afectan directamente al turismo, un sector generador de riqueza, empleo y bienestar".
Por todo ello, el sector solicita al Gobierno de España que intervenga para garantizar la unidad de mercado y proteja los instrumentos que garanticen la competitividad de la industria y la equidad en todo el Estado . "No parece razonable que la actividad industrial pueda vivir con la amenaza de iniciativas legislativas o fiscales discriminatorias que pongan trabas a la unidad de mercado y generen dificultades constantes en el desarrollo de la actividad", destacó García de Quevedo.
Por su parte, la asociación sectorial Anfabra asegura que el impuesto es discriminatorio ya que afecta sólo a algunos productos por contener un ingrediente que, sin embargo, está disponible en muchos otros alimentos que no serán gravados. Anfabra también considera que crea incertidumbre jurídica. “A escasos días de su entrada en vigor, no está aprobado el reglamento de su aplicación”, denuncia la entidad.
La Generalitat aplica la tasa después de dejarla aparcada hace dos años por las presiones de la industria y antes de que el actual Gobierno aplique un impuesto similar, tal y como anunció en diciembre. El propio sector de la alimentación y bebidas ya había advertido en estas ocasiones sobre las consecuencias negativas de esta medida fiscal sobre un sector estratégico para la economía nacional, del que dependen en España medio millón de personas de manera directa y 30.000 empresas, en su mayoría pymes. La Generalitat espera ingresar 40 M€ con este gravamen.