Tras la publicación del Reglamento de desarrollo del impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas, y la negativa del Gobierno a presentar un recurso, las organizaciones que representan tanto a la cadena alimentaria -sector primario, industria transformadora, y la distribución- como a la restauración, avanzarán en las distintas acciones legales contra el impuesto, conocido comúnmente como IBAE. Dichos sectores recalcan que contribuyen en más del 15% al PIB nacional y del 22% al empleo total del país, lo que supone unos 4.300 M de trabajadores.
Tras el estudio sobre la constitucionalidad del impuesto elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez, las asociaciones del sector agrario (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativa Agroalimentarias, AECOC, de la industria (FIAB y PROMARCA), de los sectores de la distribución (ANGED, ASEDAS, ACES), y de la restauración (Marcas de Restauración), tienen argumentos claros para recurrir en lo contencioso administrativo el Reglamento del impuesto.
Esta norma vulnera principios tan relevantes como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros. Además, genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.
Por otra parte, este impuesto incumple el Derecho de la Unión Europea por lo que también se está valorando presentar una queja a la Comisión Europea.