Las organizaciones que representan a los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y del gran consumo ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-alimentarias de España y FIAB han emitido un comunicado en el que se pronuncia sobre "la dureza de las medidas impuestas" por el Gobierno ante el refuerzo del confinamiento y reclaman que se permita la movilidad de los trabajadores a los centros de producción, adaptando la normativa a las especificidades de cada uno de los subsectores, que se "garantice y proteja" la libre circulación de materia prima y de producto acabado a lo largo de toda la cadena y que se "asegure la movilidad en las fronteras, tanto de bienes importados como exportados".
Además, las asociaciones indican que el abastecimiento de la población es posible gracias a 2,6 M de trabajadores para los que reclaman un mejor acceso a EPI (equipos de protección individual), desde productores y cooperativas hasta la distribución que está en contacto con el consumidor, y que se han demostrado estratégicos en esta crisis. Por ello, consideran "clave que el Gobierno estudie minuciosamente cualquier posible medida adicional de contención que pueda poner en riesgo el buen desarrollo de sus actividades". En este sentido, recuerdan que se ha trabajado a contrarreloj para implementar medidas de seguridad para clientes y empleados, que el sector primario tiene una necesidad acuciante de falta de mano de obra para la recogida de algunas producciones ante el cierre de las fronteras a trabajadores extranjeros, el impacto que han sufrido "clientes estratégicos", como la hostelería, y la dependencia de otras industrias auxiliares, como envase y embalaje, materias primas y cadena del frío.
Asimismo, las patronales añaden como necesidad "que las propuestas gubernamentales vayan orientadas a garantizar a las compañías la liquidez necesaria para que puedan afrontar previsibles desfases entre pagos y cobros" y reclaman medidas adicionales para ayudar a las empresas, en especial a las de hostelería o comercio no alimentario.