La obra pública y las últimas víctimas de la edificación residencial alertan al sector de la construcción

A pesar de que durante el pasado año 2019 la licitación de obra pública registró el mejor dato de los últimos nueve años, con contratos por valor de 18.445 M€, una cifra que representa un incremento del 11,8% respecto a los 16.583 M€ de 2018, según datos de Seopan, las alarmas empiezan a encenderse en el sector. Aunque de momento el negocio de la reforma y la rehabilitación mantiene el tipo (+12,9%), la edificación residencial, otros de los motores de los dos últimos años, empieza a mostrar síntomas preocupantes debido al aumento del número de concurso de compañías de tamaño medio especializadas en este segmento ( Tilmon, Oproler, Byco, Sodelor, Teginser, Trabis, etc.). La fuerte competencia por hacerse con determinados contratos ha obligado a estas empresas a ajustar mucho sus precios y cualquier sobrecoste termina por ponerlas en aprietos.

La cifras de la licitación de obra pública de 2019 aparentemente son buenas en relación con años anteriores, pero un análisis algo más profundo muestra algunos síntomas que pueden poner en riesgo a las empresas que se nutren de estos contratos para los próximos años. Si bien en el primer trimestre la licitación aumentó un 48% (9.563 M€), en la segunda mitad del año se redujo un 12% (8.892 M€) en relación a la cifra de 2018. La clave estuvo en el tercer trimestre de 2019, que se saldó con un 23% menos de contratos que en el mismo periodo de 2018.

Además, por primera vez desde mayo de 2015, la tasa interanual encadena tres meses consecutivos de descensos (desde septiembre ha caído un 6%, con 1.300 M€ menos). Hay que recordar que entonces, en mayo de 2015, sumó 13 meses consecutivos de caídas.

Los datos de 2019 muestran una mejora de la edificación, con un incremento del 28% (7.057 M€) y un ligero avance de la edificación (+3,8), con 11.488 M€ puestos en juego por las diferentes administraciones. En general mejoran todos los segmentos (residencial, equipamientos sociales, transportes y obras hidráulicas) y sólo disminuye la contratación de obras medioambientales (-9%) y, sobre todo, los trabajos de urbanización, que representan el 11,3% (2.094 M€), y disminuyen casi un 20% en relación con la cifra de 2018.

Por organismos, la administración central elevó sus contratos un 17,4% (6.343 M€), aunque el mayor crecimiento lo registraron las Comunidades Autónomas (+47,4%, con 4.169 M€). Las administraciones locales redujeron un 13,8% sus cifras, con 6.043 M€ sacados a licitación.

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