La constructora madrileña Oproler Obras y Proyectos finalmente ha sido declarada en concurso de acreedores voluntario por el Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid en un auto fechado el pasado 11 de julio. Asimismo, se ha nombrado a Lexaudit Concursal administrador concursal del proceso. Apenas un par de semanas más tarde, el juzgado dictaminaba el comienzos de la fase de liquidación de la compañía, tras considerar el concurso necesario, procediendo a la disolución de la sociedad. Además, se iniciaban las negociaciones para poner en marcha un expediente de extinción que afectará a toda su plantilla.

Oproler llevaba varios meses intentando lograr un acuerdo para esquivar el concurso debido a las dificultades económicas que arrastraba como consecuencia de la caída de la obra pública (prácticamente el 100% de sus clientes eran privados) y de una mayor competencia dentro del sector como consecuencia del repunte de la edificación residencial, a los que hay que sumar la "brutal subida de precios en el mercado de productos y subcontratas", como señalaban responsables de la firma en su última memoria presentada.

Oproler acumulaba a comienzos de 2018 un pasivo de 67 M€, con vencimientos de 62 M€ al finalizar ese mismo año, de los que cerca de 46 M€ correspondían a pagos pendientes a proveedores. En esas mismas fechas sus activos superaban los 76 M€. Oproler obtuvo una facturación record de 99 M€ en 2017, con un incremento del 35% respecto al dato de 2016. Un año antes, las ventas de Oproler se habían elevado otro 30% gracias a una cartera de obra contratada que en ese ejercicio superaba los 155 M€.

Cartera de obra de 215 M€ en 2018

A comienzos de 2018 la cartera de Oproler ascendía a 215 M€ (+38,2%), de los que, según la compañía, 117 M€ se ejecutarán en el año 2018 (con una previsión de facturación mínima de 125 M€) y 95 M€ en 2019 (año para el que esperaba alcanzar una facturación total superior a 160 M€). Entre esta cartera figuraban alrededor de 1.800 viviendas, casi todas en la Comunidad de Madrid. Este año 2019 la firma se adjudicó un par de contratos, de cuantía menor, para diferentes administraciones privadas.

La constructora madrileña cuenta en la actualidad con algo más de 200 empleados y dispone de delegaciones en Tenerife, Málaga y Alicante y sucursales en Perú, Panamá y Colombia.