El Gobierno ha decretado la paralización de todas las actividades económicas no esenciales para hacer frente a la pandemia del coronavirus en España, lo que supone la práctica paralización del sector de la construcción, que venía operando parcialmente y con los condicionantes derivados de la seguridad sanitaria. Para implantar la medida las empresas tendrán una moratoria de 24 horas, por lo que su aplicación efectiva se exigirá a partir del martes 31 de marzo. Tras la declaración del estado de alarma el pasado día 14 y el cese de actividades que implican concentración de personas, la repercusión estaba siendo muy desigual en las distintas ramas del sector de la construcción.
En la distribución minorista, la medida supuso el cierre de todas las tiendas y almacenes, cuyos operadores vieron limitada su operatividad únicamente a la venta online. Entre la denominada distribución profesional (almacenes mayoristas con clientes empresariales), la incidencia había sido significativamente menor y la mayoría de las compañías continuaban operando con medidas de seguridad sanitaria y, en muchos casos, dentro de un horario intensivo.
En la industria de producción de materiales, a pesar del parón de compañías tan emblemáticas como Porcelanosa, la mayoría continuaba trabajando con “la normalidad que permiten las limitaciones impuestas por la alerta sanitaria ”, según el comunicado emitido por una de las patronales. En cambio, durante la semana pasada numerosas firmas, como Levantina, Tvitec o Celsa, anunciaban ya los primeros Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus plantillas y, a finales de la misma, el sector en bloque de la pizarra decidió echar el cierre a sus industrias.
Salvo en Barcelona, cuyo Ayuntamiento estableció la clausura de casi todas las obras de la ciudad, los trabajos de construcción continuaban adelante en el resto del país. Sólo el promotor público de obra civil Adif señalaba que había suspendido alrededor del 50% de sus trabajos ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos de Sanidad. En edificación y reforma, la actividad se habría mantenido con índices muy elevados. Según declaró la semana pasada el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Juan Antonio Gómez-Pintado, “en Madrid la actividad está funcionando al 75% y en el resto del país no se está notando ” el impacto de la crisis. Por último, las promotoras inmobiliarias y empresas de servicios están manteniendo sus operaciones mediante el teletrabajo de su plantilla y el uso de herramientas de telemarketing para relacionarse con sus clientes.
Las últimas medidas del Ejecutivo supondrán para las empresas la aplicación de un permiso retribuido a sus trabajadores, que continuarán ingresando sus salarios y deberán recuperar paulatinamente durante este año las horas de trabajo no prestadas, una vez superada la situación de emergencia. La disposición no afectará a los empleados sometidos a ERTEs, autónomos, en situación de baja o que puedan teletrabajar. Esta nueva “vuelta de tuerca ” del estado de alarma había venido solicitándose desde los socios del Gobierno de Sánchez, comunidades como Murcia, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana, el Gremi de Constructors d'Obres, los principales sindicatos y algunos colegios profesionales de arquitectura e ingeniería, mientras la CEOE, Cepyme, el Círculo de Empresarios, Fomento del Trabajo y varias patronales del sector solicitaban mantener la situación anterior para no perjudicar todavía más a la economía del país.