La Seda de Barcelona, en concurso voluntario desde el pasado mes de julio, ha presentado un primer convenio de acreedores que contempla quitas de entre el 75% y el 86% de la deuda, con un compromiso de ampliación de capital por un valor que oscila entre los 40 y 100 M€.
La compañía, cuyo pasivo supera los 900 M , comunicó el pasado miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la propuesta de convenio ya ha recibido el visto bueno del 25,2% de la masa pasiva, y que se hará extensiva al total del pasivo si representantes de más de un 50% de la masa adeudada aceptan la propuesta, siempre y cuando el juzgado que instruye el concurso apruebe el plan.
El convenio ofrece a los acreedores una quita del 86,8% para aquellos que quieran cobrar de forma inmediata el resto de la deuda y otra del 75% para los que estén dispuestos a cobrar en pagos diferidos durante ocho años y sin intereses. La dirección de La Seda considera que podrá hacer frente a este montante con los beneficios obtenidos por su división de envases en los próximos ocho años.
Otra parte del convenio establece que el principal accionista del grupo, Ba Pet (instrumental de Ba Vidro), se compromete a cubrir una ampliación de capital de entre 40 y 100 M€ que garantice la actividad diaria de la compañía. Para ello, Ba Pet otorgará un préstamo de forma inmediata condicionado al aumento de capital previsto, que tendrá un interés equivalente al euribor a tres meses más un 3%.
Este es uno de los pasos más polémicos, ya que no está claro que el Registro Mercantil acepte que la junta de accionistas de la Seda pueda aprobar un aumento de capital por compensación de créditos antes de que dichos créditos existan. Por este motivo, la compañía ha solicitado autorización al Registro.
La propuesta no supondría ningún cambio con respecto a sus planes de desinversión, que se mantendrían en lo mismos términos anunciados hace unos meses (venta de al menos tres plantas de producción de granza de PET, así como el negocio de IQA), y de prosperar podría suponer un freno definitivo para las aspiraciones del fondo inversor australiano Anchorage (propietario desde principios de año de la mayor parte de la deuda senior, que asciende a 235 M€) de capitalizar deuda.