La aprobación el pasado 8 de julio de la nueva Ley de Montes es para la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) una gran oportunidad aprovechada solo a medias. Según señala, sólo en parte se ha dado cumplimiento a las altas expectativas generadas por la nueva legislación para dar el impulso definitivo a la sostenibilidad de nuestros bosques y su certificación y situar así a nuestro sector forestal y sus industrias derivadas en la posición competitiva que haga de nuestro país la potencia forestal que puede y debe ser.
La gran asignatura pendiente que deja la aprobación de la Ley es el desarrollo de una política de incentivos y una fiscalidad específica para el bosque, que haga atractiva la inversión en los montes y genere actividad económica, lo que supondría un importante retorno económico para la Administración y ambiental para la sociedad.
La nueva Ley incluye, por otra parte, introduce mejoras como el reconocimiento de los nuevos instrumentos de gestión, modelos simplificados de adhesión, que agilizan la gestión en pequeñas propiedades y facilitan la adhesión a la certificación forestal. La obligatoriedad de los instrumentos de gestión en monte privado (no protector) y público (no catalogado) queda en adelante como competencia de las Comunidades Autónomas. Y se incluyen medidas que favorecen la implantación de dichos instrumentos de gestión, como el hecho de ser necesarios para acceder a subvenciones e incentivos o como la simplificación de trámites administrativos (la no necesidad de permisos de corta si se tiene implantado instrumento de gestión). Asimismo, los montes no ordenados tienen un plazo de 15 años para acceder a subvenciones a fin de implantar instrumentos de gestión.
Aspapel valora igualmente de modo positivo el hecho de que, cuando existan los instrumentos de gestión, deberán contemplar prevención y lucha contra plagas y enfermedades. Así como la homogeneización de los instrumentos de gestión mediante la elaboración de las Directrices básicas de ordenación para que haya un mínimo de requisitos comunes.
Otro aspecto recogido en la nueva Ley de Montes que Aspapel considera positivo es la recuperación del Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo del Magrama en materia forestal, con la participación de las organizaciones con interés en el monte. El Consejo supondrá el impulso del sector forestal, con la colaboración de todos los agentes implicados.
Con la nueva Ley de Montes culmina además la incorporación a la normativa española del Reglamento UE de Diligencia Debida (EUTR). Y se introducen también nuevas figuras de agrupación de propiedad forestal como instrumento para facilitar la planificación sostenible, si bien dichas figuras (complejas y costosas en su implantación) pueden resultar insuficientes.